Los permisos para cada una de las cuatro nacionalidades tenían distintas fechas de expiración en los próximos seis meses. Con la decisión de hoy, los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados de 2025.
En concreto, hasta enero de 2025 para los nepalíes y nicaragüenses, marzo para los salvadoreños y julio para los hondureños.
El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los migrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permiten volver a sus hogares.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes.
La decisión busca dar marcha atrás a las medida del Gobierno anterior, lo que esperan tenga un efecto en la decisión de los tribunales que estudian el caso, señaló el DHS en un comunicado.
La principal organización en defensa de los beneficiarios del TPS, Alianza Nacional TPS, opinó que el anuncio es una victoria de la lucha de los activistas, pero criticó al Gobierno de Joe Biden por no haber tomado acción antes.
“El presidente Biden debió haber restaurado el TPS en su primer día de Gobierno (…) hoy no tenemos que agradecer a nadie más que las familias que se convirtieron en activistas y lucharon contra la deshumanización”, dijo José Palma, portavoz de la organización, en un comunicado.
Actualmente, el Gobierno concede el TPS a los migrantes de 16 países, entre ellos Afganistán, Ucrania, Venezuela y Sudán del Sur, que fueron incluidos en este programa bajo la Administración de Biden.
Por qué Guatemala no
En una nota publicada en Prensa Libre en 2020 se hizo un recuento de los intentos fallidos del Estado de Guatemala en ser incluido en el TPS.
En 1998 luego del paso del devastador huracán Mitch en Centroamérica, EE. UU. otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a Honduras y Nicaragua que junto con Guatemala fueron las naciones más afectadas.
Aquellos países lo pidieron, pero el Gobierno guatemalteco —encabezado por el expresidente Álvaro Arzú— prefirió no hacerlo, con lo cual dejó pasar la oportunidad de evitar la deportación de cientos de connacionales.
Veinticinco años más tarde, otros desastres naturales han golpeado a Guatemala, y aunque el beneficio se ha pedido, no solo por parte del Gobierno, sino incluso por algunos congresistas estadounidenses, ese país no lo ha otorgado.
Al mismo, durante estos años el TPS se ha renovado a Honduras y Nicaragua, mientras que a El Salvador se le otorgó en el 2001 por los terremotos de enero y febrero de ese año.
Guatemala ha efectuado de manera oficial la petición por lo menos en cinco ocasiones, después de 1998.
El 12 e octubre del 2005 el gobierno del entonces presidente Óscar Berger pidió el TPS por los daños y muertes que dejó en el país la tormenta tropical Stan. Por un fenómeno similar, la tormenta Ágatha, la administración de Álvaro Colom hizo la misma petición el 4 de junio del 2010.
Luego, el 9 de noviembre de 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina volvió a pedirlo tras el terremoto que dos días antes había golpeado al país, sobre todo a los departamentos del occidente. En esa ocasión, el exmandatario llegó a decir de que era cuestión de días para que lo otorgara la administración de Barack Obama.
En mayo del 2016, cuando Jimmy Morales tenía meses de haber asumido el Gobierno insistió infructuosamente en la petición de sus antecesores.
Dicha solicitud tampoco fue tomada en cuenta dos años más tarde cuando Guatemala resultó seriamente afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ni siquiera porque esta petición fue respaldada mes y medio más tarde por un grupo de 44 congresistas estadounidenses.
¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?
El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.
Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el DHS debido a su estatus migratorio.
