La comunidad internacional y países donantes como Estados Unidos han aportado miles de millones de dólares para ayudar a esos migrantes, pero ¿qué pasaría si se utilizaran sumas comparativamente menores para evitar tales crisis humanitarias?
Tómese el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Cada uno de ellos enfrenta una combinación de pobreza, pandillas despiadadas y crimen transnacional.
En los últimos 10 años, casi tres millones de personas de estos países, en su mayoría mujeres y niños, abandonaron sus comunidades para irse al norte. Algunas permanecieron en México, otras intentaron llegar a Estados Unidos.
Básicamente, este plan se propone ayudar a El Salvador, Guatemala y Honduras a conseguir lo que logró Colombia: recuperar el control de su territorio, poner fin al ciclo de violencia, corrupción e impunidad, ganarse la confianza de los inversionistas y crear condiciones para un crecimiento económico sostenido e inclusivo.
Hace casi 20 años, Colombia vivió una crisis similar, debido a la violencia generada por una guerra de guerrillas, grupos paramilitares y carteles de la droga. Por aquel entonces, un grupo bipartidista del Congreso estadounidense decidió apoyar una iniciativa de largo plazo, el Plan Colombia, para apuntalar las instituciones públicas colombianas, entrenar y equipar a sus fuerzas armadas, ayudar a combatir a los narcotraficantes y expandir sus programas sociales.
Por cada dólar donado por los contribuyentes estadounidenses, Colombia aportó US$19, además de la sangre, sudor y lágrimas de infinidad de patriotas que ansiaban recuperar su país.
Contra muchos pronósticos iniciales, el Plan Colombia funcionó, ya que tres gobiernos colombianos consecutivos mostraron una firme voluntad política y pusieron en marcha un programa sostenido para desmantelar los carteles, aumentar la seguridad e impulsar la actividad económica. Hoy en día, los colombianos están decididos a hacer de su país un mejor lugar para vivir, trabajar y formar familias.
Nosotros creemos que una estrategia similar podría funcionar en Centroamérica. Durante los dos últimos años, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido apoyando el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ha recibido hasta el momento generosas contribuciones de Estados Unidos, incluyendo US$650 millones en el último presupuesto federal. El Salvador, Honduras y Guatemala han asignado, en conjunto, US$5 mil 300 millones a la iniciativa en los dos últimos años, incluyendo US$850 millones en préstamos del BID.
Básicamente, este plan se propone ayudar a El Salvador, Guatemala y Honduras a conseguir lo que logró Colombia: recuperar el control de su territorio, poner fin al ciclo de violencia, corrupción e impunidad, ganarse la confianza de los inversionistas y crear condiciones para un crecimiento económico sostenido e inclusivo.
Los países del Triángulo Norte están persiguiendo estos objetivos mediante la profesionalización y modernización de sus cuerpos policiales y la justicia criminal, para luchar contra las pandillas y el crimen transnacional. Están reformando su administración impositiva y aduanera para incrementar la recaudación y están transparentando sus sistemas de compras y contratos estatales. Asimismo, están ampliando el acceso a la educación, la salud y otros servicios sociales, al tiempo que proveen incentivos para que las empresas aumenten sus inversiones y generen más puestos de trabajo.
Si bien es demasiado pronto para cantar victoria, ya estamos viendo algunos resultados alentadores: menores tasas de homicidios, mayores ingresos fiscales, más eficiencia en los gastos en escuelas y hospitales y mejores índices internacionales de clima de negocios. No obstante, esos esfuerzos deberán sostenerse en el tiempo para que puedan consolidarse.
Así como el Plan Colombia gozó de apoyo bipartidista durante las presidencias de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ha recibido hasta el momento generosas contribuciones de Estados Unidos, incluyendo US$650 millones en el último presupuesto federal. El Salvador, Honduras y Guatemala han asignado, en conjunto, US$5 mil 300 millones a la iniciativa en los dos últimos años, incluyendo US$850 millones en préstamos del BID. Asimismo, el Banco se ha comprometido a aportar otros US$750 millones en préstamos para proyectos de infraestructura en los próximos cinco años.
El gobierno del presidente Donald Trump ha asumido el compromiso de convertir esta iniciativa en uno de los pilares de su amplia estrategia para combatir la inmigración ilegal, mediante la creación de condiciones para una seguridad compartida y de crecimiento económico en todo el hemisferio.
Esta semana tuvimos oportunidad de aprender más sobre los recientes progresos, el compromiso político y las necesidades futuras de los países centroamericanos, cuando el vicepresidente Mike Pence encabezó una delegación estadounidense que se reunió en Miami con máximas autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras, en una conferencia para conseguir apoyo del sector privado centroamericano e internacional.
La conferencia, coauspiciada por Estados Unidos y México, contó con la participación de otros socios de la comunidad internacional como Colombia. El objetivo era generar un “shock de inversiones” en el Triángulo Norte, en particular en el crucial sector de la infraestructura, que mejore la competitividad y genere empleo.
El gobierno del presidente Donald Trump ha asumido el compromiso de convertir esta iniciativa en uno de los pilares de su amplia estrategia para combatir la inmigración ilegal, mediante la creación de condiciones para una seguridad compartida y de crecimiento económico en todo el hemisferio.
Algunos críticos podrán argüir que el plan contiene elementos de “construcción nacional”, o que cada país debe resolver sus propios problemas, lo cual no deja de ser cierto. No hay duda de que cada país debe asumir el firme compromiso de hacer frente a estos desafíos. Pero Estados Unidos también comparte cierta responsabilidad por lo que está ocurriendo en el Triángulo Norte, dado que la demanda de drogas ilegales en este país atiza la actividad delictiva en las naciones centroamericanas.
Este clima alentará a la gente de bien del Triángulo Norte a invertir en sus propios países, a lanzar emprendimientos en sus comunidades y a crear un círculo virtuoso que ofrezca oportunidades para que sus hijos puedan prosperar en sus lugares de origen.
Como ocurrió en Colombia, casi todos los costos y riesgos de este esfuerzo serán afrontados por los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños, pero como lo demostró el Plan Colombia, el apoyo internacional en este momento crítico podría ser un factor decisivo para alcanzar los objetivos.
La creación de un clima que acelere la inversión privada en el Triángulo Norte es beneficiosa para todos: los países centroamericanos se favorecerán con una mayor prosperidad y cohesión interna. Estados Unidos y México podrán ver una reducción en la inmigración impulsada por razones económicas.
Este clima alentará a la gente de bien del Triángulo Norte a invertir en sus propios países, a lanzar emprendimientos en sus comunidades y a crear un círculo virtuoso que ofrezca oportunidades para que sus hijos puedan prosperar en sus lugares de origen.
