Guatemala
Retorno de 600 menores no acompañados queda en el limbo por resolución judicial en EE. UU.
El Gobierno anunció que está en capacidad para recibir a un máximo de 150 menores cada semana para comenzar con los procesos de reunificación familiar.
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Una jueza federal de EE.UU. suspendió temporalmente las deportaciones de menores a Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo afirmo que el Estado cuenta con capacidad para atender a 150 menores retornados semanalmente. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
Luego de que una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente los vuelos con menores deportados hacia Guatemala, el pasado domingo, como medida de rechazo a lo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno brindó su postura con relación a esta situación de unos 600 menores guatemaltecos no acompañados que aguardan por su repatriación.
Si se concreta la deportación de estos menores hacia territorio guatemalteco, el Estado tiene capacidad instalada para atender semanalmente el retorno de unos 150 menores procedentes de Estados Unidos, detalló el presidente Bernardo Arévalo ayer en conferencia de prensa.
“Nuestra programación nos permite, en condiciones ideales, recibir 150 niños, digamos, más o menos cada semana, menores, para poder reubicarlos. En este momento, ese sería más o menos el número, porque depende de la capacidad que tenemos de identificar a los familiares para facilitar un retorno seguro. Las instituciones de gobierno están listas”, afirmó Arévalo.
Según explicó, desde el gobierno se están realizando todos los esfuerzos necesarios para facilitar la pronta repatriación de estos menores que se encuentran en Estados Unidos y que así puedan retornar con sus familias en Guatemala.
“Tenemos todos los mecanismos desde los albergues temporales, porque el objetivo es que ninguno de estos niños, en la medida de lo posible, quede institucionalizado, sino facilitar su retorno familiar lo más rápidamente posible y luego trabajar con las familias”, aseguró el mandatario.
También aseguró que se mantiene la comunicación y coordinación con las autoridades estadounidenses, quienes son las encargadas de decidir las condiciones, así como el número de menores que serán retornados en cada vuelo hacia Guatemala.
“La decisión del envío, el número que van a enviar y el ritmo que van a enviar, es una decisión que está de parte del gobierno norteamericano y, como usted puede ver, en este momento está en una disputa judicial”, puntualizó.
Arévalo aseguró que las conversaciones con las autoridades estadounidenses para la repatriación de los menores guatemaltecos se dieron como consecuencia de un recorrido que el canciller, Carlos Ramiro Martínez, y el embajador Hugo Beteta realizaron en varios albergues atendidos por el Departamento de Servicios Humanitarios.
Como resultado de esos recorridos se constató que hay varios menores no acompañados que están por cumplir 18 años y que, al llegar a esa edad, son trasladados a centros de detención a cargo de las autoridades migratorias estadounidenses, donde las condiciones son muy distintas.
Por esta razón se hicieron las gestiones correspondientes para lograr que estos menores retornen a Guatemala.
Seis menores arribaron a Guatemala
Según información publicada por el medio Univisión, el pasado domingo llegaron al país seis menores de edad, a pesar de la orden emitida por la jueza federal Sparkle L. Sooknanan, quien suspendió temporalmente las deportaciones de 600 menores desde Estados Unidos.
Sobre el arribo de estos menores no acompañados al territorio nacional, la Cancillería, por medio de su departamento de Comunicación Social, indicó:
“Habría que ver el contexto, si son menores que ya estaban en vuelos anteriores, porque de los 600 mencionados no ha ingresado –a Guatemala– ningún vuelo”.
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) indican que, del 1 de enero al 31 de agosto, retornaron desde Estados Unidos al país 126 menores no acompañados, de los cuales 93 son hombres y 33, mujeres. Julio ha sido el mes con mayor número de menores no acompañados que han regresado al país, con 18 hombres y 10 mujeres.
Proceso paulatino
En cuanto al retorno de los 600 menores guatemaltecos, actualmente suspendido de forma temporal debido a una decisión judicial, Arévalo indicó que se esperaría que este proceso se lleve a cabo de manera paulatina.
“Nosotros creeríamos que eso es un proceso paulatino, que van a ir viniendo por grupos. Pero estaremos esperando a ver qué es lo que deciden las cortes norteamericanas. Como gobierno de Guatemala, nuestra postura es fundamentalmente la de proteger a los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos en el marco de esta situación”, puntualizó.
El Gobierno ha instruido a la cancillería, al Instituto Guatemalteco de Migración, (IGM) y al Consejo Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala, (Conamigua), para estar al pendiente y dar seguimiento al proceso de repatriación de los menores guatemaltecos.
A criterio de Fernando Castro, experto en asuntos migratorios, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de deportar a 600 menores de edad hacia Guatemala vulnera sus derechos, según lo establecido en la Constitución de Estados Unidos, por lo que considera acertada la resolución de la jueza federal que suspendió dicha medida.
“El dictamen emitido tiene como objetivo impedir que las autoridades migratorias de la administración Trump utilicen la deportación acelerada aplicable a los inmigrantes con estatus migratorio de libertad condicional o ‘parole’ humanitario, beneficiando al sector más vulnerable, no dudando que será apelado el fallo por el gobierno y pueda concluir en la Corte Suprema. Por lo que el gobierno de Guatemala debe informar a familiares en forma permanente y darle seguimiento a los menores por parte de autoridades consulares en los centros en los que se encuentren”, afirma Castro.
También considera necesario que las autoridades guatemaltecas den seguimiento constante al caso y, principalmente, a las condiciones en que se encuentran los menores que, momentáneamente, han sido beneficiados con este proceso, a fin de evitar que nuevamente se vulneren sus derechos, ya que es deber del Estado de Guatemala velar por su bienestar, aunque se encuentren en este proceso migratorio en Estados Unidos.
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