Con respecto al proceso en su contra, Portillo dijo: “Si la juzgo por mi caso, diría que la Cicig no sirve para nada”.

Para la analista Diana Fernández, de la Universidad Rafael Landivar, las palabras manifestadas por Portillo pueden calificarse como objetivas, si se estudian desde el punto de vista referente a los resultados de la labor de la entidad.

“Cuando él habla del proceso en su contra, es comprensible porque fue él la parte procesada, y parece raro que lo haga, porque al final resulto absuelto. Ese es el hecho que da interés a su pronunciamiento, porque cuestionó el resultado del trabajo investigativo en el cual estuvo vinculada la Cicig”, dijo.

Al mencionar las últimas labores de la entidad, el expresidente indicó: “Por la información que tengo hoy de la Cicig, tenemos un comisionado serio, responsable, no un payaso”.

Fernández también indicó que Portillo reconoció como adecuado el trabajo que en los últimos meses ha efectuado la Cicig, porque con la administración de Iván Velásquez al frente de la entidad, se han logrado avances en la función de la Comisión.

José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, dijo que Portillo incluyó en su discurso la continuidad de la Cicig en el país, porque es uno de los temas que están generando más discusión en la vida nacional.

“Él también fue uno de los involucrados en uno de los procesos desarrollados por la Cicig, y en este caso creo que estaba buscando apuntalar a una problemática que se está desarrollando en el sistema de justicia”, dijo.

Ambos entrevistados coincidieron al señalar que Portillo solo emitió su opinión personal, que corresponde a la de un ciudadano común, y que es un derecho de todas las personas manifestar sus ideas. Pero que no pueden influir en la decisión de prorrogar o no el mandato de la Cicig en el país.

Sanabria indicó que la decisión de ampliar el mandato de la Cicig es exclusivamente del presidente Otto Pérez Molina, y que él pidió a las instituciones del sector justicia evaluar la labor de la entidad y recomendarle si es o no pertinente prorrogar su período.

Preso

Portillo permaneció preso por 22 meses en EE. UU., donde se declaró culpable por haber recibido US$2.5 millones de soborno de Taiwán, para que esa nación mantuviera el voto de Guatemala y se le reconociera como país ante la comunidad internacional.

Ese dinero le fue entregado por cinco cheques, tres de los cuales recibió antes de tomar posesión como dignatario, el 14 de enero del 2000.

El expresidente fue extraditado en el 2013, para comparecer ante la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, y responder a las acusaciones que en su contra hacía el fiscal Preet Bharara.

El juez federal Robert Patterson sentenció a Portillo a 70 meses de prisión, luego de que este confesó haber delinquido y afectado los intereses de EE. UU.

Parte de la condena fue cumplida en Guatemala, donde estuvo preso desde su captura en el 2010, porque Patterson decidió que ese tiempo debía ser acumulado a la sentencia dictada contra el exmandatario.