Expertos advierten que la investigación que comenzó el MP contra el Trep podría ser una táctica de intimidación que, además de poner en riesgo la continuidad del recurso humano para la segunda vuelta, también podría buscar poner en riesgo los resultados electorales.
Para este nuevo simulacro, el departamento de Comunicación Social del TSE no ha confirmado la fecha, pero buscan poner a prueba una vez más el Trep de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto.
Previo a la primera vuelta, el TSE coordinó dos simulacros de este sistema informático que funcionó para que la transmisión de los resultados preliminares.
El servicio informático es prestado por las empresas Datasys y Podernet, quienes recibieron un contrato por Q148 millones, y aunque en su momento distintos sectores cuestionaron su contratación, luego de las votaciones del 25 de junio validaron su desempeño.
Esta herramienta no difunde los resultados oficiales; como su nombre lo dice, tan solo proyecta las tendencias de los resultados preliminares que deberán de ser confirmados por las Juntas Electorales Departamentales (JED).
En la primera vuelta se utilizaron dos sistemas informáticos, el Trep funcionó a nivel nacional, mientras que en el departamento de Guatemala se usó la herramienta de Grupo Sega, que presentó problemas en la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), por la que se decidió ya no usarla el 20 de agosto.
Riesgos de la investigación
El TSE quedó de entregar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el listado de todos los digitadores contratados para el evento electoral, esta petición de información la hizo el MP por el caso de aparentes firmas falsificadas que atañen al partido Movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta.
La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó a la autoridad electoral datos relacionados con el sistema Trep: detalles del contrato, planes de contingencia y saber quiénes operan la herramienta y cuentan con acceso al código fuente que utiliza el programa.
Para Aquiles Faillace, constituyente, y Renzo Rosal, analista político independiente, las intenciones de fondo de las dos investigaciones buscan generar la nulidad del proceso y botar el evento electoral.
“El propósito no es detener la segunda vuelta, la segunda vuelta va si o si, y va entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo; sin embargo, desde mi perspectiva lo que se pretende lograr es lo que desde el principio querían, el conteo manual de votos”, señaló Faillace.
El constituyente destacó que las acciones legales por estas investigaciones continuarán, “lo que no se logró vía amparos y con gritos de fraude se intentará por la vía penal al dizque probar en juicio que existieron vicios nacidos con propósito fraudulento”.
Impulsar investigaciones que pongan en duda el evento electoral tiene un solo objetivo: “viene la nulidad de todo lo actuado y según la teoría de la conspiración todo regresaría al principio, es decir repetir las elecciones”.
La misma lectura sostiene Rosal: “buscan áreas de oportunidad para erosionar la primera vuelta electoral y al mismo tiempo al TSE. En las últimas semanas se ha marcado esa lógica que está dominando el escenario”.
El analista político señaló que ha visto como los señalamientos van a distintos actores y herramientas que son clave para el evento electoral. “Por un lado se está cuestionando la lista de los digitadores; por otro lado, Sandra Torres ha cuestionado a algunas Juntas Electorales Departamentales y ahora se cuestiona al Trep”, dijo Rosal.
Intimidar voluntarios
Las acciones podrían tener otro efecto, según la lectura que mantiene Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo. Según Ortiz, el propósito de estas acciones desde el MP buscarían generar un ambiente de intimidación contra empleados electorales y personal voluntario.
“Hay una persecución directa contra uno de los partidos que pasa a segunda vuelta y yo destacaría que preocupa bastante la forma, el tiempo y el hecho que la fiscalía solicite información de los digitadores, no entiendo esa lógica en conexión con el caso del partido Semilla”, explicó.
Para Ortiz las acciones del MP han aumentado desde la oficialización de los resultados de la primera vuelta. “Me preocupa en general la variable de intimidación, recordemos cómo la fiscalía amedrento al Registro de Ciudadanos, no solo certificando lo conducente, sino además la forma en que hicieron los allanamientos”.
El mayor temor que detecta el experto es que estas acciones afecten a las personas que prestan sus servicios para el evento electoral. “Podríamos ver que la intimidación llegue a otro nivel, por ejemplo, a un digitador que esto afecte a los voluntarios o a los que van a trabajar en la segunda vuelta, eso es el riesgo número uno”, concluyó.
