Ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que Arévalo y Karin Herrera pueden asumir sus cargos mañana, luego de rechazar tres amparos que argumentaban violaciones constitucionales por las que se debía evitar la toma de posesión.
Según se informó, los amparos rechazados fueron los interpuestos por el actual diputado y excandidato presidencial Rudio Lecsan Mérida, la Liga ProPatria y un tercero, que argumentaban violaciones constitucionales para el cambio de gobierno.
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Ya a finales del 2023 la CC había resuelto en definitiva una acción de amparo promovida por el abogado Édgar Ortiz y otro grupo de ciudadanos, la cual garantizaba el proceso democrático y el relevo de las autoridades de Estado.
Agitado proceso
Durante los 147 días que han transcurrido entre el 20 de agosto y hoy se han registrado varios sucesos inéditos que han significado una batalla legal y que ha puesto en riesgo, según algunos sectores, el estado de Derecho en el país.
La agitación política y jurídica ha ganado el acompañamiento de la comunidad internacional y casi una docena de sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA), que designó dos comisiones especiales para seguir el proceso de transición.
En opinión de analistas, el proceso de transición que hoy termina ha sido el más “atropellado e incumplido” de la era democrática. Incluso se llegó al riesgo de una orden de captura contra la vicepresidenta electa, quien el jueves pasado buscó el amparo constitucional para garantizar su libertad y tomar posesión del cargo.
En medio de la coyuntura política, una investigación del Ministerio Público también puso en duda el resultado de las elecciones, con antejuicios solicitados desde contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hasta el propio binomio presidencial electo.
Estas acciones, en conjunto, hicieron del actual un proceso de transición no solo poco usual, sino intermitente.
“El incesante ataque del Ministerio Público hacia el gobierno entrante ha impedido que se pueda tener un proceso de transición ordenado y pacífico”, explicó Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Reyes sostuvo que hay un interés de las “fuerzas antidemocráticas” por mantener al país en “tensión hasta las últimas horas”, para que el cambio de gobierno no se concrete.
“Y lo vemos con la posible orden de captura en contra de Karin Herrera. Hay que reconocer que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es la que ha permitido que lleguemos al 14 de enero y que se dé una transición y toma de posesión”, afirmó.
Reyes considera que, posterior a la toma de mando, el MP continuará con las acciones en contra del mandatario, por lo que estima prudente que Arévalo envíe un mensaje político para que la fiscal general, María Consuelo Porras, y otros operadores de justicia presenten su renuncia.
“Es insostenible que puedan seguir en el cargo. Deben renunciar y que la institución comience de cero”, sentenció.
Según Reyes, el acompañamiento que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (EU) han otorgado al proceso electoral, así como las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha emitido en contra de funcionarios y diputados guatemaltecos, han sido claves para detener el intento de “un golpe de Estado”.
“Sin ese acompañamiento clave no tendríamos una toma de posesión, no se hubiera respetado la voluntad popular”, enfatizó.
En riesgo
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Jahir Dabroy, este proceso de transición gubernamental ha sido el más difícil de la era democrática, debido a los intereses de sectores sociales para impedir que Arévalo tome posesión.
“A esta hora existe una leve posibilidad en el ambiente de que la transición no culmine el 14 a las 14 horas”, señaló.
“El papel de la OEA ha sido relevante, es una piedra en el zapato para quienes intentan evitar la toma de posesión porque demanda permanentemente que se respete la democracia y el derecho de elegir a las autoridades de gobierno”, agregó.
Dabroy indicó que el actual proceso de transición, como en otros gobiernos, debió transcurrir en un ambiente pacífico, pero la atención se ha dirigido hacia los intentos de interrumpirlo con acciones en contra del presidente electo.
Menos información
El analista dijo que, como en otras transiciones, siempre hay entidades que esconden información, posiblemente por irregularidades y falta de transparencia.
“Están las autoridades democráticas que trasladan toda la información institucional y las autoridades cerradas, que suelen entregar la menor información posible. Es una práctica que se ha dado desde la etapa democrática”, lamentó.
Dabroy recomendó que el informe de la transición se haga público, para que la sociedad sepa qué entrega el gobierno saliente y los cambios que debe hacer el entrante.
“Los primeros meses de gobierno serán los más demandantes por parte de diferentes sectores sociales y es donde se verá la capacidad de las nuevas autoridades”, afirmó.
Fuente: Movimiento Cívico Nacional.
