El juzgado quinto civil, constituido en tribunal de amparo, emitió un amparo provisional a favor del Consejo Directivo del Instituto de la Víctima, quien argumentó que el presidente no podía nombrar al nuevo director o directora.
Según el argumento de la acción de amparo, no se puede hacer un nombramiento porque no existe un procedimiento regulado para hacerlo, lo que haría que la decisión pueda ser incluso discrecional.
En el 2019, el Pleno del Congreso reformó la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que estipula que el cargo de director será delegado por el presidente de la república, y que la función del puesto es para una duración de cuatro años.
El artículo 16 de la normativa estipula que el director solamente podrá ser removido por causa justificada, estipulando una sentencia condenatoria firme, redacción similar a la normativa que impide al presidente la destitución del Fiscal General del Ministerio Público (MP).
Alejandra Carrillo fue nombrada como directora del Instituto de la Víctima el 20 de diciembre de 2019, designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales.
Perpetuar el cargo
Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia , existe una “situación irregular, el presidente tendría que haber nombrado ayer —20 de diciembre—a un nuevo jefe de la institución, pero hay un amparo que se lo impide, otorgado por un juez del Organismo Judicial, resolución refrendada por la CC”.
El amparo fue promovido por los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de la Víctima, que en ese entonces entre sus integrantes se encontraba Silvia Patricia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y recientemente incluida en la lista Engel del Departamento de los Estados Unidos por ser un actor antidemocrático y afín a prácticas corruptas, según el gobierno estadounidense.
“Lo primero que uno piensa es que estamos ante una decisión de aliados a lo interno del Instituto de la Víctima que decidieron unirse y plantear el amparo para que el presidente no les pueda quitar ese botín”, agregó Ibarra.
La institución se encarga de brindar asistencia a víctimas de delito, lo que a criterio de analistas les permitiría tener acceso a información privilegiada, por lo que a consideración de Projustcia, resulta ser una institución clave para ciertos grupos.
“Estamos ante una alianza muy fuerte que se formó entre Alejandra Carrillo y Silvia Valdés, y ahora tratan de defender una agenda de grupo deciden impedir que el presidente se quede con el botín del instituto”, señaló.
Aunque Alejandra Carrillo permanecerá por tiempo indefinido al frente del Instituto de la Víctima, Ibarra considera que sí existe fundamento en la resolución judicial que le impidió al presidente Alejandro Giammattei hacer el nombramiento, aunque destaca que las intenciones de fondo, por parte de los amparistas, son otras.
“Hay un origen razonable en la resolución porque no hay ningún procedimiento establecido para el nombramiento del director, lo que llama la atención es que Carrillo y el Consejo Directivo, quienes firmaron la impugnación, estuvieron cuatro años en los cargos y nunca crearon un procedimiento para que el nombramiento sea transparente y público”, concluyó.
