Rodas interpuso la solicitud el 18 de septiembre al entender que enfrentaba “una situación de riesgo en el desempeño de su cargo”, el cual asumió el 20 de agosto, momento desde el cuál ha sido objeto de “campañas de desprestigio y descalificación”.
El procurador, cuyo hermano mayor “permanece desaparecido”, recibió esas amenazas a raíz de su participación en esta investigación por “grupos clandestinos” y “poderes paralelos”, pero la situación incrementó con su amparo a favor del comisionado y su posición contra las modificaciones al Código Penal que intentó aprobar el Congreso en septiembre.
Estas reformas favorecerían “al presidente (Jimmy Morales) y a diversos diputados” en materia del delito de financiación electoral ilícito y de conmutación de penas de cientos de delitos, aunque los congresistas luego se vieron obligados a retirarlas.
“En dicho contexto, por información privilegiada, el procurador tuvo conocimiento de posibles acciones en su contra, las cuales habrían sido expresadas por parte de personas vinculadas a partidos políticos y grupos que han demostrado su orientación a favor de la impunidad, en estas coyunturas”, destaca la información enviada a Acan-Efe.
Entre esas acciones estaba una posible destitución, la reducción del presupuesto de la institución para 2018 o amenazas a “su integridad física”, una situación ante la cual, el Estado dice que no hay “una relación directa” entre el caso y la realidad y que los funcionarios públicos están “sujetos a críticas y cuestionamientos en virtud de la garantía de libre pensamiento”.
En su resolución, la CIDH reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares “no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada desde una perspectiva (…) que permita identificar una situación de gravedad y urgencia”
