En dicho informe la Comisión rechazó las “injerencias indebidas” en el proceso electoral y de transición presidencial cometidas por el MP, ya que considera que son acciones de carácter político que podrían afectar el resultado del proceso, lo cual es “inaceptable” en un sistema democrático.
“Las injerencias del MP son el resultados de la erosión del sistema de pesos y contrapesos del Estado democrático que tiene lugar en Guatemala desde los últimos años”, estableció Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.
A juicio de la Comisión, las acciones del caso Toma Usac: botín político “ponen en evidencia una vez más” el abuso del poder y la falta de independencia en los poderes del Estado.
También mencionaron las solicitudes de retiro de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las cuales reconocen como un síntoma de la ausencia de la garantías del poder judicial y del cumplimiento de su rol constitucional.
“La CIDH llama al estado de Guatemala a cesar con las acciones injerencistas que afectan el orden democrático y la voluntad soberana de la población”, acotó la Comisión.
Piden informe objetivo
Por parte de Guatemala fue Eddy Cano, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), quien compareció a través de un audiovisual donde reiteró la petición a que los informes de la Comisión deben de ser objetivo basado en información científica.
“El Estado de Guatemala por tercer año consecutivo ha instado a la CIDH a generar indicadores metodológicos para cumplir con lo establecido en el art 59.5 del reglamento de la Comisión en lo relativo a utilizar información confiable y convincente para que sus informes tengan un sustento científico y metodológico y no sea producto de un proceso subjetivo basado en información sin fundamentos percepciones y sin indicadores que permitan verificar su veracidad”, expresó el director.
Insistió en que desde febrero se empezó a trabajar con la metodología a utilizarse para la transición. Resaltó que en 2022 y 2023 no se limitó ningún derecho constitucional y que no se decretó tampoco ningún Estado de Sitio, Excepción o similares.
“Señalamos al Consejo Permanente que como Estado de Guatemala rechazamos la posición contenida en el informe anual”, concluyó.
