También opinan la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Movimiento Semilla, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y el Comité de Unidad Campesina (CUC).
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IPNUSAC
El caso de Puerto Quetzal denota la pasividad, tanto del gobierno de transición de Maldonado Aguirre, como el de Jimmy Morales, en materia de transparencia. El principal desafío del presente gobierno es ponerle un freno a las acciones de corrupción y continuar con el legado de FECI/CICIG/Ministerio Público, en materia de acciones de corrupción y un adecuado desenlace de casos paradigmáticos como IGSS/PISA; la Línea y ahora Puerto Quetzal.
Un paso hacia delante ha sido constituido por las propias decisiones del Presidente en términos de prorrogar el mandato de CICIG, y además, si bien no se ha oído de graves acusaciones de corrupción en el actual gobierno, quizás el principal problema actual reside en el divorcio Ejecutivo/bancada oficial FCN del Congreso de la República, que comentaremos más adelante.
Otro tema de gran importancia para evaluar la transparencia en el Ejecutivo es el de sus nexos con importantes elementos de sistemas de poder vinculados al sector empresarial e iglesias (principalmente la iglesia evangélica de Guatemala).
Tales fuerzas han permeado en el gobierno para mantener una actitud pasiva ante la transparencia, en virtud de que los embates del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y hasta cierto punto de la Contraloría General de Cuentas, que son entes autónomos, se están extendiendo hacia poderosos intereses privados, que permean en la acción del Ejecutivo, el cual se muestra conservador y dubitativo en temas como el candente de la Empresa de Contenedores Quetzal que es quizás el más emblemático del momento actual.
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Cristian Álvarez, analista de CADEP – UFM
No hay pasos firmes para mejorar la transparencia y por consiguiente reducir la corrupción. Lo que si vemos, es miedo a la justicia, los corruptos no pueden comprar a la CICIG ni a la Fiscal, y tampoco encuentran fácilmente jueces que contravengan a estos encargados de presentar pruebas. Estos nuevos actores sí han dado pasos importantes en pro de la transparencia. El congreso más allá del show de las plazas no ha aprobado leyes a favor de la transparencia, y el gobierno central no tiene claro que procesos debe instaurar para reducir la corrupción.
Seguimos en manos de procesos poco transparentes y poco claros, los cuales facilitan la sobre valoración de compras y contrataciones sin caer en delitos.
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Víctor Gálvez, director de Incidencia Pública URL
La transparencia -uno de los principios que tanto sustentó las movilizaciones del 2015 como complemento de la lucha contra la corrupción- no parece haberse integrado plenamente ni al discurso ni a las prácticas de la gestión actual.
Algunas dudas han surgido sobre la presencia de funcionarios y servidores públicos que “regresan” a sus puestos, después de haber servido en cargos durante períodos críticos. En todo caso, es prematuro juzgar la situación general de la transparencia en la administración actual, aunque la sensibilidad que existe en la ciudadanía y la opinión pública, hacen pensar que este tema continuará siendo de alta prioridad en los próximos meses.
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Asíes
En cuanto a los nombramientos de gobernadores, se tuvo participación de grupos de sociedad civil que podría catalogarse como una acción positiva.
En relación al manejo de finanzas públicas es poco tiempo para evaluar la transparencia.
El presidente ha mantenido una relación tensa con los medios de comunicación independientes, lo cual dificultará en el futuro la transparencia de las decisiones tomadas. La designación de magistrados titular y suplente a la CC se realizó de manera poco transparente, si se compara con las medidas que voluntariamente tomaron los demás electores.
Se esperan acciones más concretas en esta materia. Considerando que la transparencia fue una de sus principales ofertas de campaña. Esto se debe reflejar en acciones que evidencien una administración transparente.
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Ricardo Barrientos y Enrique Maldonado, economistas de ICEFI
También con un arranque deficiente. Desde los primeros días de la gestión de la administración del Presidente Morales, se tomaron decisiones erróneas como suprimir a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), sin antes garantizar qué entidad asumiría sus responsabilidades.
Hasta en abril el Gobierno está poco a poco llenando los vacíos que en la institucionalidad responsable de la transparencia en el Ejecutivo dejó la supresión sumaria de la Copret. Por otro lado, el Presidente Morales ha hecho demostraciones de opacidad como la del nombramiento de los gobernadores departamentales y el secreto que rodeó la integración del gabinete de Gobierno.
Por el lado positivo, el Ministerio de Finanzas Públicas propuso públicamente (en un seminario internacional organizado por el Icefi el 14 de marzo de 2016), una agenda de transparencia fiscal, orientada a garantizar el derecho a la información pública, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de estándares internacionales.
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Elena Díez y Juan Alberto Fuentes Knight, del Movimiento Semilla
La sociedad civil ha ejercido en estos meses un importante rol para demandar y asegurar la transparencia, y me parece que si no estuviera esa participación tan firme, la transparencia no sería posible.
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José González – Campo, presidente de Cacif
La referencia de los eventos del 2015 es importante, porque el gran reclamo de la población sigue siendo la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Para este Gobierno debe estar muy claro que es el principal mandato que tiene y que debe tener tolerancia cero en este tema.
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Daniel Pascual y Aracely Saucedo, dirigentes del CUC
Creo que con la transparencia es lo mismo. Hay gente ahorita que ha estado antes. Lo único bueno que se le escuchó ahorita es que está apoyando a la Cicig para que continúe dos años más, y apoyo al MP y a la fiscal general Thelma Aldana
