Todo apunta a que no quieren retrasos para esta elección, como ha ocurrido por un año y tres meses para el cambio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también convocó para la elección de sus representantes para el órgano Constitucional.
A diferencia de la CSJ, parece que nadie quiere que el actual Pleno de la CC pase un minuto de más en el cargo, para que puedan dar paso a las futuras autoridades que deberán de velar por la Constitución Política de la República de Guatemala, por un espacio de cinco años.
“Esta la convocatoria para entrar a convocar a la elección del magistrado titular y suplente ante la CC designado por el Congreso de la República, es un tema muy importante hablando de la certeza jurídica”, explicó el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, en la pasada sesión de Jefes de Bloque.
El Congreso, la pasada legislatura y la actual, no tienen buenos recuerdos del actual Pleno Constitucional; han sido ellos quienes le han enmendando la plana a los legisladores por aprobar proyectos, que a criterio de los magistrados, son violatorios a la Constitución.
La historia se replica de igual manera a la CSJ y hasta a la Presidencia de Guatemala; resoluciones Constitucionales han obligado a que el Organismo Judicial conozca nuevamente antejuicios o reabra procesos, con el Ejecutivo se han dejado sin efecto decisiones de Estado y leyes que han sido sancionadas por el propio mandatario.
Pero ahora el Congreso tiene al mismo tiempo que elegir a representantes para las dos Cortes de mayor jerarquía en la escala jurídica del país, que parece no ser ningún problema porque según el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, es viable avanzar en los dos procesos.
“Por los tiempos va a ser una elección que se va a dar de manera paralela, nosotros vamos a empezar a elegir ya magistrados de Salas para poder avanzar y empezar a salir de este tema, sin embargo por el procedimiento que fue enviado por sentencia de la CC, por supuesto que para todos es claro y evidente que será un proceso largo”, argumentó Rodríguez.
Los pasos
La CC se integra por un representante titular y un suplente de los tres organismos de Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Dependencias que toda vez cumplan con su proceso de selección remiten a sus designados al Congreso, órgano que debe emitir el acuerdo legal para que puedan tomar el cargo, proceso que debe ser de manera ágil para no entorpecer los mandatos Constitucionales, según Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
“Los plazos son perentorios y esos plazos abarcan a todas las instituciones que participan en ese proceso, pero además cumplidas las designaciones y elecciones el Congreso recibe el resultado y decreta la elección de esa nueva Corte, ese decreto también pasa por el proceso necesario de ser publicado, mientras más rápido lo hagamos dentro de los plazos establecidos por la ley y dándole la prioridad y preeminencia que un mandato conlleva”, señaló.
En otros procesos de elección las dependencias han utilizado la ley de las comisiones de postulación para dar transparencia al proceso, recuerda José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).
“Ha habido algunas acciones de buenas prácticas que cada vez se han ido sumando, pero de forma concreta, lo que debería de suceder en este proceso es que se cumpla con el proceso y los requisitos para magistrados, de igual forma creemos que es importante que a finales de este mes las instituciones expliquen los procedimientos a utilizar para la designación de magistrados”, resaltó.
Los peligros
Algunos diputados y representantes de la sociedad civil temen que la alianza oficialista tenga otras intenciones para apresurar la elección de magistrados Constitucionales, sobretodo porque existe un vacío jurídico en la CSJ, que aunque no ha dejado de operar trabaja con funcionarios que ya no tendrían que tomar decisiones en el ámbito de la justicia.
“Este año se tiene que elegir a la CSJ y a los magistrados de la CC, todo está relacionado con la justicia, y un país donde no prevalezca el Estado de Derecho es un país en donde siempre va a prevalecer la impunidad y la corrupción, necesitamos un acompañamiento de la ciudadanía para que haga está auditoria social para que estén pendientes, para que estén exigiéndole a la Junta Directiva un proceso transparente”, explicó Evelyn Morataya, diputada de Bienestar Nacional (Bien).
La congresista resalta que la sociedad civil y la fiscalización es la clave. La oposición en el Congreso por ser minoría no tendrá mayor incidencia en el proceso, pero si llegan a ser acompañados por los ciudadanos la historia puede ser otra, como ocurrió con el desaparecido presupuesto del 2021.
Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, coincide que sin sociedad civil existe el temor de que grupos oscuros se apoderen de la justicia, sobretodo porque el objetivo de los oficialistas, según él, es despejar el camino para desobedecer las reglas que impiden elegir a personas no idóneas para la CSJ.
“Precisamente para no cumplir la sentencia de la actual CC, eso se sigue demostrando, más cuando se dice que se va a elegir paralelamente, se ve que el motivo es nombrar a las personas que están cerca de Gustavo Alejos, ya con una CC cooptada se ve que no cumplirán el punto de la resolución que manda a excluir a los candidatos que se reunieron con Alejos”, señaló.
Para Lorena Escobar, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), es viable que se elija antes a la CC que a la CSJ, ya que el número de representantes a elegir es mucho menor.
Pero destaca que ya hay reglas claras para la elección de magistrados a la CSJ, que no tendrían que romperse, “yo no creo que deba de ser así porque ya están definidos los lineamientos para elegir a la CSJ, ese escenario que algunos estiman sería nefasto para el orden Constitucional, para el marco jurídico, para la certeza; que se reviertan los lineamientos y las ordenes que ya emitió la CC sería garrafal para el país”, puntualizó.
La sesión
Con 134 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo 3 – 2021, la convocatoria para que aspirantes a ocupar una magistratura Constitucional,0 designados por el legislativo, presenten sus expedientes ante el organismo de Estado.
El proceso no fue fácil. Los diputados de la oposición intentaron crear una mesa de evaluación de candidatos conformada por todos los jefes de bancada, así mismo que se exhortara a la participación de abogadas indígenas.
Argumentaron que es necesario tener un mecanismo transparente en la elección y abrir espacios de participación a grupos sociales que regularmente son excluidos, pero la alianza oficialista se opuso a esas sugerencias.
Diputados de esa fracción del parlamento afirmaron que la Constitución no es excluyente, lo que permite la participación para todos, y que no es posible hablar de comisiones especiales, ya que, la gran comisión evaluadora será el Pleno del Congreso.
Según el calendario del Congreso del 1 al 19 de febrero recibirán expedientes en Dirección Legislativa, para el 22 de febrero serán publicados en la web del legislativo videos de presentación y plan de trabajo de los aspirantes, para desarrollar la elección entre el 23 de febrero al 15 de marzo.
