La propuesta fue presentada el 5 de mayo de este año por los diputados José Armando Ubico, del bloque Todos, y Armando Melgar Padilla, de FCN–Nación, aunque no fueron los únicos que la apoyaron hasta convertirse en decreto. Basta con observar el avance que ha tenido la iniciativa. En escasos cinco meses obtuvo dictamen y caminó hasta llegar a su tercera lectura y redacción final.
La 6073 es una iniciativa corta, solo tiene 15 artículo pero sus textos comprometen una cantidad no precisa de fondos públicos, ya que no se sabe la cantidad de veteranos que pueden acceder al programa.
El artículo 3 del documento señala que será el Ministerio de la Defensa en el encargado de elaborar los listados de beneficiarios y el Ministerio de Ambiente tendrá que crear los programas ambientales.
El pago será gradual, la norma contempla que los Q36 mil se darán de forma mensual, por tres años, lo que equivale a recibir cada mes Q1 mil, según señala el documento.
Según cálculos del diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, la iniciativa podría costar aproximadamente Q3 mil 600 millones durante los tres años de ejecución.
Su ponencia se da debido a una serie de enmiendas presentadas en la aprobación del articulado final, que a palabras del diputado no fueron socializadas entre todos los congresistas.
Incluso la bancada Unionista advirtió que una de las enmiendas pretendía eliminar el certificado extendido por el Ministerio de la Defensa como requisito, lo que daba pie, según su lectura, a que cualquier persona acudiera a pedir el dinero sin que se tuviera la garantía de haber prestado servicio militar durante el Conflicto Armado Interno.
Esa enmienda finalmente no fue aceptada y solo obtuvo siete votos a favor debido a que la advertencia generó criticas entre los congresistas.
Sin soporte financiero
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) no está de acuerdo con la propuesta, ya que no cuenta con un respaldo técnico que permita conocer el impacto económico que esta ley traerá al presupuesto nacional.
“Se estaría comprometiendo un mayor gasto sin necesariamente contar con las fuentes de financiamiento adecuadas, esto lo que termina haciendo es limitar todavía más la capacidad de respuesta ante necesidades, termina comprometiendo la capacidad del Estado para atender prioridades”, señaló Jorge Lavarreda, investigador del Cien.
El documento no es claro sobre la fuente de financiamiento y tan solo señala que el Ministerio de Finanzas tendrá que hacer las readecuaciones para cumplir con este pago, lo que se podría traducir a recortes financieros en Ministerios, Secretarías y cualquier otra dependencia pública.
La falta de certeza sobre beneficiarios y fondos comprometidos es una parte del problema a criterio de Lavarreda, ya que el contexto tampoco permite tener un panorama claro de las verdaderas intenciones de algunos diputados en insistir por la aprobación de la norma.
“Son iniciativas que deben de acompañarse con todos los estudios que respalden legalmente, financieramente y de datos básicos hasta de las personas que serán beneficiarias (…) genera suspicacia que se termine concretando en un año pre electoral”, concluyó.
Pese a que esta iniciativa favorece a los militares en situación de retiro, un grupo de estos no está de acuerdo porque pretenden la aprobación de la iniciativa que les garantiza Q120 mil, por lo que estos grupos no descartan tomar medidas de hecho.
