Hoy el Congreso podría aprobar la iniciativa 5850, con la cual se busca ampliar el presupuesto y funciones del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), el cual, desde que comenzó a operar en el  2008, ha recibido constantes críticas por mal desempeño por parte de organizaciones y parlamentarios. 

 Dicha iniciativa de ley, que fue presentada en el 2021 por un grupo de diputados y está agendada para discutirse hoy en tercer debate, busca reformar 14 artículos de la ley mediante la cual opera Conamigua. 

También se reforma el Código Municipal, decreto 12-2002, para crear las Oficinas Municipales del Migrante, y se modifican aspectos relacionados con el   financiamiento, para que sea una entidad descentralizada, con “autonomía funcional y presupuestaria para desarrollar acciones en el extranjero”, pues actualmente es una dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Participación

Las reformas también contemplan que los migrantes tengan más participación en la toma de decisiones dentro de Conamigua, y que deben ser incluidos seis miembros de las organizaciones de migrantes en EE. UU., México, Canadá, España y otros países donde exista una comunidad migrante significativa. 

De los fondos que reciba Conamigua se destinará un porcentaje para la ejecución de programas y proyectos a favor de los migrantes en el exterior, principalmente en EE. UU., y otro porcentaje para la atención a deportados, a fin de reinsertarlos en la actividad económica. Para ese fin se establecerá un “fideicomiso especial” y  apoyo a proyectos de las cooperativas receptoras de remesas de los migrantes guatemaltecos.

Sedes

 A pesar de que Conamigua cuenta con sedes departamentales, si se aprueba la iniciativa se crearía la Oficina Municipal del Migrante en cada una de las 340 municipalidades del país, para “canalizar, coordinar o ejecutar los programas de ayuda a los connacionales en el extranjero y en el territorio nacional”, según la iniciativa.

La Oficina Municipal del Migrante tendrá sede y mobiliario en las instalaciones de cada comuna y parte de su funcionamiento se cubrirá con los fondos de esta, aunque también se aceptarán donaciones de organizaciones o migrantes en el exterior.

A cargo de dicha oficina tendrá estarán, como mínimo, dos personas, un coordinador y una secretaria, aunque el número de personal puede aumentar en algunas sedes, dependiendo de la demanda de atención.

Sin postura

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), afirmó que no estaba al tanto de la iniciativa, por lo que no podía externar opinión sobre las disposiciones por aprobar.

Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han manifestado durante años que Conamigua debería trabajar en EE. UU., donde miles de migrantes necesitan apoyo en asesorías en diferente aspectos, como derechos laborales.

Conamigua también ha sido muy criticado por la dificultad para ejecutar el presupuesto asignado, lo cual limita su capacidad de acción. 

Las críticas recaen en que la labor está supeditada a lo que diga el consejo, que preside el canciller e integran representantes de Segeplán, del Congreso, del Banco de Guatemala y de los ministerios de Economía y Trabajo, pues los presupuestos, y por lo tanto los gastos, deben ser aprobados por dicho cuerpo colegiado, lo cual hace lenta la ejecución de los recursos.

 Presupuesto

En 15 años de funcionamiento, solo en el 2009 y en el 2015 Conamigua logró una ejecución por arriba del 60 por ciento del presupuesto. 

Los críticos señalan que la mayoría de esos recursos se van en sueldos y salarios. Solo en 2023, Conamigua gastó Q490 mil en sentencias judiciales, por lo regular en pagos por reclamos de prestaciones laborales cuando se ha dado de baja al personal.

También se ha cuestionado que a veces las nominaciones a esos cargos se dan por favores políticos pero por experiencia en administración pública; por lo tanto, esos recursos podrían ser mejor utilizados en campañas informativas para orientar a los migrantes sobre los peligros al viajar o  respecto de las políticas migratorias. 

Fernando Castro, consultor independiente en temas de migrantes, opina que estas reformas “no vienen a resolver la injerencia de Conamigua, y es una instancia que debería desaparecer”.

“Durante tres años consecutivos no han llegado al 50 por ciento de ejecución de su presupuesto, y los gastos se van en temas administrativos, principalmente por salarios. Lo que no tiene Conamigua es fiscalización sobre cómo se utilizan los fondos”, señaló el consultor.

Castro recomienda utilizar los fondos que se le asignan a Conamigua  en la creación de más consulados móviles. 

Por su parte, la exdiputada Petrona Mejía Chutá, quien avaló las reformas, considera que Conamigua es una instancia importante que debería rescatarse para proporcionar ayuda a los migrantes que viven en el extranjero y cuando son deportados.

En el 2016, con la puesta en marcha del Código de Migración, muchas de las actividades que debería desarrollar Conamigua pasaron a   otras instituciones  como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría de los Derechos Humanos o la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

El gobierno de Alejandro Giammatei anunció que existía la intención de clausurar la entidad a cambio de instituir un viceministerio de atención al migrante, pero la iniciativa nunca se presentó.

Más presupuesto

• Con la reforma a la ley, Conamigua podría incrementar hasta 10 veces su presupuesto, a pesar de que hasta ahora se han observado problemas para la ejecución.
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  Conamigua recibe una asignación no menor al 0.05% del monto total de divisas en concepto de remesas que recibe el país, más el 25% del valor líquido que recibe el Estado por expedición de tarjetas consulares y pasaportes.
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  Esto significa que opera con un presupuesto aproximado de Q60 millones.
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  La nueva propuesta propone que reciba hasta 0.5%; es decir que podrían asignársele hasta Q600 millones en presupuesto para que opere.
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  El cambio también convierte a Conamigua en unidad ejecutora, lo cual supondría que mejoraría el gasto.