El Congreso rechazó este jueves 24 de septiembre las objeciones planteadas por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, contra el Decreto 21-2026, por lo que la normativa continuará su trámite y será remitida al Organismo Ejecutivo.

Con la decisión del Legislativo, corresponde ahora al presidente Bernardo Arévalo decidir si sanciona o veta el decreto, que establece precios máximos para la gasolina y el diésel y crea un mecanismo temporal para financiar la medida.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, 24 diputados votaron a favor de aceptar las objeciones, 58 lo hicieron en contra y 78 estuvieron ausentes del hemiciclo.

El Congreso debía resolver este jueves las observaciones porque vencía el plazo establecido para conocerlas.

Las objeciones habían impedido que el decreto fuera remitido al Ejecutivo y, por consiguiente, habían detenido el trámite para su eventual entrada en vigor.

Objeciones retrasaron el trámite

Rodríguez presentó el 10 de septiembre pasado cuatro objeciones contra el Decreto 21-2026, aprobado dos días antes por el Congreso.

El congresista señaló supuestas incongruencias entre artículos del decreto y cuestionó el procedimiento utilizado durante su aprobación. También planteó una supuesta vulneración de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Al rechazar las objeciones, el Congreso despejó el trámite legislativo que mantenía detenido el decreto y abrió paso a su remisión al Organismo Ejecutivo.

Decreto fija precios máximos

El Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, fue aprobado de urgencia nacional el 8 de septiembre del 2026, con 130 votos.

La normativa establece un precio máximo de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular y de Q41 para la gasolina superior.

Para financiar el mecanismo, el decreto contempla hasta Q2 mil 500 millones y faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para efectuar las operaciones presupuestarias correspondientes.

La medida tiene carácter temporal y, según lo aprobado por los diputados, los precios máximos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2026.

El decreto surgió en medio del incremento de los precios de los combustibles y de las demandas de distintos sectores para que las autoridades adoptaran medidas que redujeran el impacto en los consumidores.

Ejecutivo tendrá la decisión

Superada la etapa de las objeciones en el Congreso, el futuro inmediato del Decreto 21-2026 dependerá del Organismo Ejecutivo.

El presidente Arévalo deberá decidir si sanciona el decreto para continuar el procedimiento correspondiente o si ejerce el veto.

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