Diputados cuestionan instancia de análisis de ataques contra defensores de derechos humanos

Este lunes 2 de septiembre, la mayoría de los jefes y subjefes de las bancadas del Congreso de la República aprobó que en la sesión de este martes se discuta un punto resolutivo con el que buscan que el Ministerio de Gobernación derogue la creación de una instancia de análisis contra ataques a defensores de derechos humanos avalada la semana pasada.

La propuesta de punto resolutivo fue presentada por el diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos, y respaldada por otros bloques.

La intención es instar a que la cartera del Interior derogue el acuerdo ministerial 214-2024 que crea la Instancia de Análisis de Ataques contra el Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de los Pueblos Originarios, a Defender Derechos Humanos.

Algunos diputados cuestionaron que dicha instancia podría servir para perseguir a quienes critiquen el trabajo de “activistas sociales” en el país.

El punto resolutivo se pondrá a discusión en el pleno del Congreso este martes, y necesita de 81 votos para ser aprobado, aunque no es vinculante, ya que solo representa una recomendación.

Allan Rodríguez, del bloque Vamos, señaló que “el pueblo de Guatemala no está de acuerdo con este tipo de prácticas, hay que tener claro que no se está en contra de ninguna minoría y lo que queremos es que se respete lo que dice la Constitución”.

Señaló que se tratan de “pagos de favores” por parte del Ejecutivo, por lo que insta a la Mingo que derogue el acuerdo.

Por su parte, Rodrigo Pellecer, subjefe de la bancada Elefante, señaló en el pleno que se busca perseguir a quienes critiquen a los activistas sociales; además, cuestionó que se incluya a la comunidad LGTBI, que, a su criterio, también serán considerados activistas sociales.

En tanto, Jorge Romeo Castro, jefe de bancada Viva, dijo que las acciones del Mingob transgrede lo que establece la Constitución, puesto que esta fragmenta a la población.

Dijo que esas acciones lo que buscan es “destruir las bases sociales de la familia”.

Sobre el tema se buscó una postura del Ministerio de Gobernación, pero el equipo de Comunicación de la cartera expuso, inicialmente, que no habría postura y luego se expuso que harían las consultas, pero aún no responden.