La estructura de espionaje sería supuestamente dirigida por el asesor presidencial Herber Armando Melgar Padilla y por el jefe de la SAAS, Jorge López.
“Tuvimos conocimiento a raíz de un requerimiento que el Ministerio Público (MP) y la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— hicieron acerca de las personas que denunciaron. Esto ocurrió a finales de enero”, explicó Rivas al finalizar una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Rivas explicó que varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) prestan sus servicios para la SAAS, por un convenio de cooperación interinstitucional. La denuncia del MP y de la Cicig abarcó a cinco de ellos, quienes ya habrían sido removidos de esa secretaría de Estado y trasladados a otras dependencias.
Como consecuencia de la denuncia se revisaron los protocolos de las acciones de los agentes de la PNC designados a la SAAS y se hicieron cambios.
Aunque el ministro habló de cinco efectivos removidos, en la reunión con los diputados dio validez a una lista de siete personas que estarían implicadas, entre ellas el comisario de la PNC Eusebio Hugo Sandoval Bautista, el subinspector Marco Antonio Ramírez Gómez y los agentes Hans Estuardo Morales Orozco, Érick Estuardo Manrique Román, Glancy Azulma Samayoa Lemus, Darío Rodolfo Ramírez Hernández, Iram Isai Gramajo de León y Ramiro Máximo de Paz Acevedo.
Los señalados fueron trasladados a las divisiones contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), a la Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y a la de Protección de Personalidades.
Menocal, quien participó en la citación, criticó que los señalados no hayan sido suspendidos. “Lo curioso es que los investigados sean asignados a divisiones especiales, cuando lo correcto era quitarles responsabilidades mientras ocurre la investigación”, indicó.
Desde Pavón
Diputados de la UNE denunciaron que ha habido seguimiento a varios de los legisladores y a la secretaria general de ese partido, Sandra Torres, por lo que presentarán denuncias, ya que cuentan con fotografías de
vehículos y personas.
Orlando Blanco, jefe de bloque de la UNE, aseguró que tuvieron conocimiento de que en una de las requisas efectuadas en Pavón, después de la masacre ocurrida el 18 de julio, se encontró, entre las pertenencias de Byron Lima, una lista de periodistas, diputados, exfuncionarios, empresarios y líderes sociales que serían investigados por la estructura ilegal de la SAAS.
Según Blanco, existe una vivienda denominada La casa dos, en la cual se habría planificado el espionaje.
El jefe de la SAAS negó la existencia de ese cuerpo paralelo. “En ningún momento se tiene ese departamento, y si los diputados tienen las pruebas que las presenten”, dijo, cortante.
Sobre la denuncia que presentó un exagente de la SAAS acerca de la estructura clandestina, López indicó que desde enero han sido removidas 39 personas, por diferentes causas, pero “ellos aducen que es por una persecución”.
López negó la existencia de La casa dos y la participación de Melgar Padilla en la toma de decisiones en la SAAS.
El procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, se mostró preocupado por la supuesta estructura y aseguró que teme que se esté regresando a prácticas del pasado.
Las Ciacs tienen vínculos con el Estado
- La Organización de Naciones Unidas define las Ciacs como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
- Se determina que las Ciacs tienen nexos entre asociaciones ilícitas y agentes del Estado, así como con la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad privada, y atentan en contra de activistas, profesionales del sector de justicia, periodistas y sindicalistas.
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“Siempre existe tentación”
Las investigaciones por indicios de que funcionó recientemente un cuerpo ilegal de seguridad en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) deberían llegar a descubrir a los autores intelectuales, según Édgar Gutiérrez, coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).
Gutiérrez explicó: “Corresponde al Ministerio Público determinar qué exactamente se hizo y quiénes son los responsables. Estas instituciones, como la SAAS, tienen una clara cadena de mando, entonces se tiene que dilucidar quién y por qué ordenaron esto”.
Las averiguaciones deben descubrir a autores intelectuales de vigilancia a políticos y activistas, señaló. “Hay que ir a los responsables intelectuales, no quedarse nada más con los operativos. Es el objetivo de la investigación”, enfatizó.
El coordinador del Ipnusac indicó que el funcionamiento de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) en entidades del Estado evidencian la discrecionalidad para dirigir y hacer uso del poder que brindan los cargos y la información.
“Siempre existe la tentación que cuando hay discrecionalidad en el uso de la información y del poder tiende a caerse en este tipo de prácticas”, señaló Gutiérrez, y agregó que en los últimos años se registraron cambios en el país, pero son insuficientes para frenar la discrecionalidad para dirigir entidades de seguridad e inteligencia.
Controles
Uno de los mecanismos que considera el Ipnusac para erradicar las Ciacs es el control político y del presupuesto en instituciones encargadas de seguridad e inteligencia.
“Es un llamado al Congreso de la República para que institucionalice controles en las entidades que manejan información de seguridad e inteligencia; en otros países existe un control político, que se hace mediante una vigilancia del presupuesto”, enfatizó.
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“Las Ciacs son un quiste”
El ex vicepresidente de la República Eduardo Stein indicó por teléfono que es “intolerable” que en la actualidad funcionen cuerpos ilegales de seguridad (Ciacs), debido a que son lesivos a la democracia y representan prácticas de épocas oscuras en el país.
“Las Ciacs son un quiste para el país. Si una autoridad como el ministro de Gobernación —Francisco Rivas— reconoce que hay estos indicios, es un motivo muy grave de alarma que solamente la máxima autoridad del Organismo Ejecutivo puede hacer lo que sea necesario para que esto desaparezca”, señaló Stein.
Manifestó que los indicios del funcionamiento de Ciacs deben ser investigados: “De no actuarse con toda firmeza y vigor, estaríamos exhibiendo un grave retroceso que pone en riesgo las libertades democráticas de la ciudadanía en general y, por supuesto, la seguridad de las personas que estén siendo objeto de esta vigilancia, que es a todas luces ilegal”.
“La función de la Cicig es erradicar ese tipo de quistes, de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, por eso se invitó a Naciones Unidas a apoyarnos con una comisión internacional contra la impunidad”, indicó el exfuncionario.
Coacción estatal
El ex vicemandatario recalcó que las Ciacs reflejan intolerancia de las autoridades hacia ciudadanos que difieren de las ideas oficialistas.
“Es muy fácil la tentación de recurrir nuevamente a estos métodos represivos en contra de ciudadanos que consideran que tienen ideas y opiniones distintas a las de un gobierno en ejercicio”, enfatizó Stein.
Explicó que en la actualidad hay instrumentos para erradicar las Ciacs, pero se requiere de “voluntad política”.
“No podemos volver a la época en que las personas se guardaron opiniones por miedo a represalias del Estado”, manifestó Stein.
Asumirá polémico asesor
El asesor presidencial Herber Armando Melgar Padilla asumirá el próximo martes la curul que dejó el exdiputado Alsíder Arias.
La llegada del militar ha causado controversia en el Congreso, a tal punto que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, algunos del Movimiento Reformador y de Todos se negaban a apoyar a Arias en la votación que le permitiría retirarse de ese organismo, pero finalmente el último bloque cedió.
“No nos oponíamos a que se fuera Arias, el problema es quién va a ocupar su lugar. No podemos aceptar que venga a dañar más la imagen del Congreso una persona señalada de dirigir una estructura criminal paralela de espionaje a altas personalidades”, manifestó Orlando Blanco, jefe de la UNE.
A Melgar Padilla se le señala de dirigir una agencia paralela a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), junto con el jefe de esa entidad, Jorge López, que supuestamente espía a congresistas, exfuncionarios y activistas sociales.
El legislador, quien asumirá este martes, ha fungido como asesor de la seguridad del presidente Jimmy Morales, pero nadie reconoce que esté contratado oficialmente.
