Sin embargo, enfrentó una serie de críticas por el pasado del partido que lo postulaba, fundado en el 2008 por militares retirados, que grupos de derechos humanos vinculaban a vejámenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996).
“El partido político FCN Nación no está integrado por exmilitares, ni tiene financiamiento de fuentes oscuras”, aseguraba Morales en esa oportunidad.
Hoy, dos años más tarde, el presidente de la República podría perder la inmunidad, luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron un antejuicio en su contra por posible financiamiento ilícito cuando era secretario general de FCN-Nación.
La comisión pesquisidora, integrada el martes último por dos diputados opositores, dos legisladoras de bloques formados por disidentes de partidos cancelados, y uno de un partido bisagra -minoritario-, deberá examinar el expediente y demás documentos que hubiere, luego tendrá que oír al presidente Morales y a los otros promotores del antejuicio.
También deberá practicar las diligencias que soliciten las partes, recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
El pleno fijó un plazo de cinco días a la comisión para que rinda el informe con el cual se sugerirá retirar o no el derecho a antejuicio al presidente Morales.
El proceso ocurre en medio de un pulso que mantiene con el titular de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.
El domingo 27 de agosto, dos días después de la presentación de la solicitud para levantarle la inmunidad, Morales declaró non grato y ordenó la expulsión del país de Velásquez.
La medida no se concretó debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó un amparo provisional en favor de dos abogados particulares que se opusieron a la decisión presidencial.
Dos días después, la CC resolvió otro amparo ordenando suspender “definitivamente” la expulsión. Este último había sido planteado por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
