El proyecto está instalado en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, pero la orden de la Corte suspende los proyectos por amparos presentados por las comunidades, que exigen una consulta comunitaria.

El otro aspecto señalado por el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), es la falta de consensos en el proyecto de reforma del artículo 203 dela constitución, que busca reconocer la justicia indígena.

El presidente de ese grupo privado, José Gonzáles Campo, dijo que existe preocupación por la falta de certeza jurídica, así como las presiones de “intermediarios” en los dos casos mencionados.

Explicó que la situación política y judicial está provocando una mala imagen del país ante los potenciales inversionistas.

Exhortó además a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Constitucionalidad, que sus resoluciones sean objetivas y apegadas a derecho.

A los congresistas, Cacif les pide que legislen sin presiones de determinados grupos o recibir “instrucciones en inglés”.

Los empresarios expresaron su disponibilidad para que se cumpla con el convenio 169 de la Organización Internación del Trabajo (OIT), que regula las consultas comunitarias.

“La solución en este momento es que el Ministerio de Trabajo emita un reglamento que determine cuáles son los lineamientos en torno a la consulta de los pueblos”, indicaron.

En cuanto a las hidroeléctricas, creen que una de las consecuencias a futuro sería el encarecimiento de la energía eléctrica.