El último caso es el de Claus Marvin Mérida, quien fungía como comisionado presidencial para los Migrantes.
Mérida, a través de una carta enviada a un senador estadounidense, cuestionó el trabajo del embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, lo que causó su destitución y obligó a la Cancillería a aclarar que la misiva no representaba al gobierno de Guatemala.
El comisionado es amigo del mandatario y le coordinaba las visitas en EE. UU. cuando era candidato presidencial.
Si bien Mérida fue nombrado por el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, el canciller Carlos Raúl Morales dijo a elPeriódico que la “misión especial de Mérida fue solicitud del presidente electo Jimmy Morales”.
El canciller, el ministro de Energía y Minas, Luis Chang –quiene es cuñado de Mérida-, y el vicepresidente Jafeth Cabrera ya se refirieron al tema, excepto el gobernante.
Además de ese escándalo, está pendiente que el presidente opine acerca de la orden de captura contra Edgar Ovalle, fundador del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y también amigo.
Tampoco hubo pronunciamiento en cuando a una iniciativa de ley que pretendía dar amnistía a legisladores que pudieran estar involucrados en casos de corrupción del Congreso, y que FCN impulsó.
Explicar la designación de los gobernadores departamentales en marzo, también está pendiente por parte del mandatario.
La opinión pública ha tenido que esperar hasta semanas para que Morales se pronuncie por otros temas, como las razones por las destituciones de los jefes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad –cuando se destapó un caso de espionaje-, a qué se refería cuando calificó de “fafa” la pauta publicitaria, por qué firmó un estado de Prevención que restringía la libertad de expresión, y cuando tiró la piedra de rumores de golpe de Estado.
Si bien cuando surgió la vinculación de su hijo y hermano en un caso de corrupción, él publicó un video junto a su esposa, no pasó poco tiempo antes que volviera a hablar del asunto cuando se conocieron más detalles.
