Esas dos instituciones investigadoras junto a la Contraloría General de Cuentas (CGC) instalarán un equipo especializado para investigar los proyectos de infraestructura de los años anteriores.
Carlos Mencos, jefe de la CGC, aseguró que después de hablar con el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quedaron en que a más tardar la segunda semana de enero se instalará dicho equipo, que podría extenderse también al Ministerio de Salud, para revisar los negocios en ese sector.
Por ahora se comenzará con las contrataciones en el CIV y las empresas involucradas, algo que ya adelantó la Contraloría.
“Hemos avanzado bastante en la investigación para poderla procesar a lo interno en los grupos de trabajo que se van a formar, pero no queremos adelantar ninguna información de ese tipo porque se hará en conjunto la investigación, para evitar dar luces antes de que comencemos a trabajar”, informó Mencos.
Foco de corrupción
De acuerdo al contralor, hay indicios para profundizar la verificación y recopilación de datos en, por ejemplo, los dragados, que desde siempre han generado sospechas de corrupción por lo complejo de su fiscalización.
“El problema de los dragados es que es un tema que se desarrolla justo en el momento en que se hace; es bien difícil, se nos ha hecho muy difícil de fiscalizar”, reconoció.
De esa cuenta, la CGC tiene pensado que, en momento de emergencias y que se requiera ese tipo de trabajos, de una vez se nombrará un acompañamiento para estar a la par de quienes hacen el dragado.
“Pero incluso con eso tendríamos problemas, porque se necesita una serie de equipos para estar midiendo en el momento de emergencias, es bien complicado”, insistió Mencos.
Para fiscalizar un dragado se requiere de equipo especializado y altimétrico, para evaluar la profundidad del trabajo antes y después de ejecutado.
Con las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado se prohibió la contratación de empresas para hacer dragados, y ahora se debe hacer por administración; es decir, con maquinaria propia del CIV o contratada.
Maquinaria se deteriora
Aldo García, ministro de Comunicaciones, explicó que por la restricción de la ley este año no se contrataron dragados, sino que se utilizó la maquinaria del CIV.
“Lo hemos hecho por administración. Con muchísima precariedad dragamos el río Samalá, donde está el puente Castillo Armas. Tuvimos que poner cinco máquinas y el resultado de eso es que se nos deterioraron bastante”, expresó el funcionario.
Para evitar el daño de la existente, evalúan comprar maquinaria en los próximos años.
Utilizan, por ejemplo, los convoyes que había comprado el Ministerio de Desarrollo Social en años anteriores, pero que no utilizaron, así como la maquinaria de las zonas viales.
Desconfianza
Negocios dudosos
Del 2012 al 2015, el CIV adjudicó 36 contratos de dragados y 32 de supervisión, por un monto total de Q1 mil 704 millones, sin contar lo contratado por los Consejos de Desarrollo, municipalidades y portuarias, afirmó la diputada Nineth Montenegro, en una investigación sobre ese tipo de obras divulgada la semana pasada.
“Entre las empresas adjudicadas se encuentra Altracsa, cuyo representante legal es Marco Antonio Recinos Sandoval, prófugo de la justicia por el caso Cooptación del Estado, y hay otra empresa con un caso similar”, explicó la parlamentaria de Encuentro por Guatemala. Asimismo, entre las compañías beneficiadas con contratos figuran unas recién creadas en 2012 y 2013.
“Mucha de la obra de dragado se la dieron a contratistas que se crearon justo en tiempo del Partido Patriota, y si se recuerda, Juan Carlos Monzón menciona que un dragado en Puerto Barrios se adjudicó a una empresa sin experiencia y el proceso se anuló, pero después, con una convocatoria a la medida de un empresario, al ganar, entregó una comisión del diez por ciento”, añadió Montenegro.
Resaltó que otros contratos vulnerables son los de alquiler de maquinaria pesada, cuyas adjudicaciones del 2012 al 2015 suman más de Q59 millones.
Comunicaciones
Entregan información
La cartera de Comunicaciones ya entregó información de varias dependencias a la Cicig, afirmó el ministro Aldo García, quien aseguró que los datos que soliciten los entes investigadores serán entregados.
“Ahorita tengo una información que la Cicig me ha solicitado sobre el área de Fopavi —Fondo Para la Vivienda—, ya la preparé y se la envié al comisionado Iván Velásquez”, dijo García.
Precisó que se trata de contrataciones hechas en el Fopavi con desarrolladores. “Me pidió del año 2015 hasta… son de cuatro a cinco años”, agregó.
“El otro día tuvimos a —departamento o sección de— Precalificados, fue un secuestro de 182 expedientes que se fueron todos para el Ministerio Público”, comentó el ministro, por lo que se investiga toda clase de contrataciones en el CIV.
Contraloría
Control al arrendar
En el arrendamiento de maquinaria se dan más hallazgos de irregularidades porque es más fácil de fiscalizar, comentó Carlos Mencos, contralor general de Cuentas.
“Es más fácil controlar por el tiempo, porque a la hora de que hay una emergencia se pueden destacar ingenieros para que vayan a verificar el tiempo y que la maquinaria esté trabajando”, explicó.
Más que en la administración, la corrupción por arrendar convoyes y otro tipo de vehículos especiales se da en las municipalidades porque pagan por maquinaria, pero esta nunca trabaja.
Mencos indicó que hay muchos testimonios de la gente que no ha visto trabajando máquinas en lugares donde se supone que deben estar prestando servicios, por lo que se han presentado varias denuncias al respecto.
23
- Empresas fueron adjudicadas con contratos.
Q83
- Millones erogados del 2012 al 2015 por supervisión.
Q1,621
- Millones adjudicados por dragados en 4 años.
