El primero de los convenios era por dos años y el segundo, por 50. Los  contratos originaron que la Contraloría General de Cuentas (CGC) abriera un expediente para solicitar la lesividad.

“Platicamos con el contralor, verificamos las indicaciones que nos dio y estamos en el proceso de rescindir los contratos”, afirmó Robles  y agregó que el IPM tiene una carta con el consenso de Futeca.

Un nuevo proceso, esta vez por medio de un concurso público, será celebrado, agregó.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos  aseveró que el IPM pidió  tiempo para “evaluar la posibilidad de rescindir el contrato”.

Esa petición tuvo lugar dos días antes de que el Departamento Jurídico de la CGC presentara la solicitud de lesividad del contrato de arrendamiento.  

Otros detalles

“No accionamos, en vista de que ellos solicitaron un plazo”, manifestó Mencos.

El 26 de julio del 2012, el Ministerio de Finanzas, por medio de la Dirección de Bienes del Estado, entregó tres fincas, sin pago, al IPM. Una de estas es el terreno a un costado del Campo de Marte y el Estadio del Ejército, valorado en Q34.2 millones.

El 22 de enero de este año se suscribió el contrato de arrendamiento y se le otorgó a Futeca un mandato especial de representación para firmar memoriales, formularios, firmar estudios, planos y toda la documentación requerida para   la construcción.

El primer año, según el convenio, la renta mensual sería de US$10 mil, más el impuesto al valor agregado (IVA), y el segundo, de US$22 mil, más IVA.

Dos años después, el IPM debía vender bienes como estructuras y graderías metálicas y Futeca, demoler el cemento.

Prensa Libre llamó a  su teléfono celular a  Javier Arzú Tinoco, director de Futeca, pero se encuentra fuera del país y no respondió las llamadas.

Más irregularidades

Celestino Díaz, profesor de tenis del Club Aurora, uno de los denunciantes de los vicios en el proyecto, explicó que las instalaciones de ese club permanecerán en el mismo lugar.

Existe una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción y un amparo otorgado al grupo de exmilitares representados por Díaz, pues el IPM pretendía desalojarlos el 30 de junio próximo del Club  Aurora, como parte del proyecto de la edificación del nuevo estadio, aseguró el entrevistado.

“El entonces presidente Otto Pérez Molina le dio una orden al exprocurador general de la Nación  Vladimir Aguilar  y él actuó en nombre del Estado, transfiriendo los bienes —al IPM— de una forma anómala”, manifestó Díaz.

 La denuncia del grupo de exmilitares  se extiende a supuestas irregularidades que acompañaron la cesión al IPM de otros terrenos del Ministerio de la Defensa, entre estos 40 mil metros cuadrados del Estadio y al Club de Tenis Aurora, 12 mil 500 metros cuadrados donde se instala a fin  de año el parque Play Land Park; 13 manzanas de terreno de la finca Cayalá y 32 manzanas en  Puerto San José. Los terrenos, además, están subvaluados, según Díaz.

Interesados

El interés de hacer el negocio se remonta a tres años. El 18 de febrero del 2013, Roberto Arzú García Granados pidió una opinión al bufete Lexincorp acerca de la situación legal de las fracciones del terreno Campo de Marte y la viabilidad de disposición del inmueble.

Los abogados le hicieron saber, en un documento, que “el Instituto de Previsión Militar actualmente solo es cesionaria de las fracciones del terreno del Ministerio de Finanzas Públicas y para que dicha cesión surta efectos ante terceros, debe documentarse mediante una escritura pública traslativa de dominio y posteriormente inscribirla como tal en el Registro General de la Propiedad, previo al pago del impuesto del timbre fiscal”.

En la opinión legal también se le informó que los terrenos “pueden ser arrendados, otorgados en usufructo, aportados a una sociedad anónima, fideicomiso”.

Arzú García Granados no participó del negocio y, en una ocasión anterior, al consultársele a Arzú Tinoco este pidió no ser vinculado con su primo.