Los diputados de la Comisión comenzaron de nuevo la discusión de la ley, luego de ser remitida el pasado 2 de febrero por el Pleno, al no existir consenso para su aprobación.
Este miércoles Méndez Cóbar sostuvo que el Estado carece de recursos suficientes para crear un nuevo ministerio, como propone la iniciativa de ley, además la normativa de ser aprobada podría generar duplicidad de funciones con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), de Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social y la Secretaría de Asuntos Agrarios.
El @MagaGuatemala ve duplicidad de funciones en creación de desarrollo rural integral pic.twitter.com/IGj0e0Oc77
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 17, 2016
Según el funcionario, la actual Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, vigente desde 2009, contempla acciones que de nuevo se proponen en la iniciativa de ley.
Locadio Juracán, diputado del bloque Convergencia e integrante de la Comisión, sobre la postura del MAGA dijo: “Espero que no sea una medida para retrasar la discusión de la política rural”.
Para el diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el enviar del Pleno a Comisión la iniciativa fue “una artimaña para entramparla” y no aprobar la propuesta que ingresó al Legislativo en 2005.
Propuesta sin respaldo
Bloqueos y manifestaciones han sido parte del apoyo manifiesto de organizaciones sociales y campesinas que exigen desde hace varios años la aprobación de la ley de desarrollo rural, sin encontrar respaldo político para que esta se convierta en Ley.
En marzo de 2012 una marcha campesina salió de Cobán, Alta Verapaz, hacia la capital para pedir la aprobación de una política de desarrollo rural integral.
En noviembre de 2013 organizaciones campesinas e indígenas marcharon para solicitar la aprobación de la ley de desarrollo rural, y en septiembre de 2014 los jefes de bloques en el Congreso asumieron el compromiso de instalar mesas de diálogo para tratar el tema, no se cumplió.
Líderes sindicales exponen que el mayor rechazo a la ley de desarrollo rural viene del sector empresarial que se ve amenazado por la expropiación de tierras.
