Por el otro, los afectados exigen que todas las medidas de reparación se cumplan con un solo instrumento legal, por medio del Ejecutivo, no del Legislativo, al considerar que el segundo no aprobaría el resarcimiento económico y el Gobierno se “lavaría las manos” al terminar su período.
Durante una reunión efectuada el lunes último, ambas partes acordaron que las comunidades recibirían al día siguiente un proyecto del acuerdo gubernativo y el plan para las reparaciones, con el fin de que lo discutieran y plantearan su posición en una nueva cita, programada para hoy con el presidente Otto Pérez Molina.
Temen atrasos
Juan de Dios García, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, terminada en la década de 1980, dijo que existe un “distanciamiento enorme” entre lo que plantea el Gobierno y el plan original del 2010.
Señala que el Gobierno se contradice cuando no quiere reparar a las comunidades económicamente pese a que existen en el país otros programas de ese tipo y que se ejecutan a través del Ejecutivo. Como ejemplo mencionó el Programa Nacional de Resarcimiento, el cual, según las autoridades, no será utilizado para este caso, ya que su principio fue reparar a las víctimas del pasado conflicto armado interno.
Pero el temor de las comunidades radica en que una parte de las reparaciones originales, y más cuando se trata de la económica, sea enviada en busca de aval al Legislativo, porque este no la aprobaría con rapidez y primero llegaría el fin de este gobierno.
“Es una táctica que están utilizando. Cómo lo van a presentar ellos —Gobierno—, no lo sabemos, pero nosotros estamos opuestos a esa situación. Es una actitud de mala fe. Ahí son actos maliciosos de querer seguir engañando al pueblo”, criticó García.
Complejo
Miguel Ángel Balcárcel, coordinador de la Comisión Nacional de Diálogo, reconoció que el asunto es “jurídicamente complejo” y se trata de las facultades que tiene el Gobierno para resarcir económicamente. De hecho, refirió que 16 abogados han trabajado en busca de una solución, pero persisten las dudas.
“Nos queda ese valladar. ¿Quién es el órgano de Estado que puede asignar un resarcimiento de orden financiero?… Pues el Congreso, esa es la conclusión”, afirmó el responsable del diálogo nacional.
Balcárcel enfatizó que entregar compensaciones económicas, regularmente, requiere de orden de juez, pero que aún así buscarán hoy una “solución amistosa”.
“Claramente ahí el tema de fondo es que eso normalmente sucede por resoluciones de tipo judicial, entonces la mayoría de los juristas dice que aquí no hay resolución judicial para que ‘indemnice a esta persona y a esta’. En este caso, estamos hablando prácticamente de una solución por la vía amistosa”, indicó Balcárcel.
LEY DESATÓ POLÉMICA
Prensa Libre publicó, desde febrero último, que EE. UU. presionaba para resarcir a los afectados.
El 17 de enero último el presidente de EE. UU., Barack Obama, promulgó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que condiciona ayuda a cambio de avances en reparaciones a los afectados por la hidroeléctrica Chixoy.
A mediados de febrero, el Gobierno comenzó un cabildeo para que los impulsores de la ley en EE. UU. visitaran el país para comprobar avances.
El 19 de febrero, el presidente Pérez Molina aseguró que buscaría firmar “lo más pronto posible” el plan de reparaciones del 2010.
Semanas después el Ejecutivo dijo que no se puede firmar, y que el gobierno anterior tampoco lo hizo porque hubiera sido “ilegal”.
El 13 de mayo recién pasado, Guatemala informó al Senado de los últimos avances.
Buscarán a bancos
Juan de Dios García, dirigente de las comunidades, advirtió de que si no se les otorga la indemnización completa, hablarán con congresistas en EE. UU. para que condicionen más ayuda, y también con los directorios de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo para que no avalen préstamos para el país.
Julio Ligorría, embajador de Guatemala en Washington, comentó que ayer el BM no aprobaría o desaprobaría un préstamo para el país, sino que su directorio pondría fecha para discutir el crédito, lo cual cree que sucederá en no más de 12 días.
Acerca de la advertencia de García, el embajador comentó: “Las comunidades están en su derecho y habilitadas para venir; aquí los atenderemos. Estamos trabajando estrechamente con los bancos y el Congreso, y están muy claros de que el Gobierno tiene la voluntad de que todo se cumpla con los mecanismos de rigor y la ley”.
