Según la resolución, el Parlamento “está convencido de que la Cicig ha desempeñado un papel vital en Guatemala y que su labor de lucha contra la impunidad y la corrupción es esencial para mantener el estado de Derecho”, por lo cual “pide al Gobierno guatemalteco que cese todos los ataques ilegales” en contra de esa misión antimafias y de su personal.

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El Parlamento considera necesario que se lleve a cabo un estudio independiente auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir la repercusión final del trabajo de la Cicig en el sistema judicial de Guatemala y su contribución con la estabilidad política del país.

Entre otras consideraciones que analizó la Eurocámara para emitir esa resolución, está que la Cicig junto con el Ministerio Público ha investigado el supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral del partido oficial FCN-Nación por medio del cual, Jimmy Morales ganó la Presidencia.

Además, el informe que una comisión del Parlamento elaboró tras su visita a Guatemala entre el 28 de octubre y 1 de noviembre pasados, y el que elaboró la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la decisión del Gobierno de no renovar el mandato de la Cicig.

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La Eurocámara destaca dentro de sus considerandos que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha anulado las decisiones que el Ejecutivo ha adoptado respecto de la Cicig, como la de prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, pero “el Gobierno ha hecho caso omiso de estas sentencias”.

También considera un conflicto flagrante con el estado de Derecho las acciones que el Congreso ha preparado en contra de esa corte.

Leyes

Otro de los puntos por los cuales mostró preocupación el Parlamento fue sobre la intención del Congreso de la República de modificar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende amnistiar todos los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado interno y liberar a quienes ya fueron condenados por tales hechos, puesto que esto “socavaría gravemente el importante progreso de los tribunales nacionales”.

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“La amnistía prevista para los violadores de los derechos humanos, los autores de crímenes contra la humanidad y los criminales de guerra alimentaría aún más la violencia en el país”, advierte el Parlamento, por lo cual instó al Congreso a no aprobar la iniciativa.

También externó su inconformidad hacia otra propuesta de ley, la que regularía a las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido pidió al Congreso que “se abstenga de aprobar este proyecto de ley” ya que “podría restringir la libertad de expresión y la libertad de reunión” de las oenegés.

Violencia

Al Parlamento Europeo también le preocupa el incremento de la violencia homicida, sobre todo que sufren las mujeres y defensores de los derechos humanos. Al respecto, pidió a las autoridades guatemaltecas que cesen todos los actos de intimidación en contra de esos sectores, a la vez que recordó que el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea existe una cláusula sobre derechos humanos que es esencial, y su violación “puede conllevar la suspensión de la participación en el acuerdo”.

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Respecto al proceso de elecciones, instó a que estos se lleven a cabo de manera pacífica y transparente y se proporcione seguridad a todos los candidatos.

Guatemala es un país soberano

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expuso que la comunidad internacional no tiene calidad de ningún tipo para involucrarse en la política interior guatemalteca ya que Guatemala “es un país libre independiente y soberano”.

En cuanto a la postura europea respecto de Cicig, Falla indicó que el pueblo le dio la facultad al presidente Jimmy Morales para dar por terminado el acuerdo con la ONU. Además, que el mandatario es quien tiene la facultad de regir las relaciones políticas en materia internacional.

El abogado criticó la labor de la Cicig y aseguró que este ente ha encarcelado a personas sin evidencia suficiente y utilizado testigos falaces para que declararan en contra de “guatemaltecos inocentes” que ahora permanecen en prisión e incluso, algunos fallecieron esperando un juicio justo.

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Falla apuntó que la Cicig tampoco cumplió con las atribuciones que le confería su mandato, de atacar a aparatos clandestinos de seguridad, e incluso omitió perseguir delitos cometidos por personas afines.

El abogado expuso que no existe ninguna obligación para que un país tenga una “intervención extranjera” que calificó como un “experimento fallido” que en vez de contribuir a dañado a sus habitantes y a la economía.

“Si la comunidad internacional dice que la Cicig es buena les sugeriría que, si tanto quieren —a la Comisión—, que pidan que en sus países se instale, a ver los resultados y si sus pueblos la van a querer”, concluyó.

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