En los próximos cuatro años (2020-2024) el Estado pagará a las organizaciones políticas por lo menos, Q79 millones 137 mil 660 en concepto de lo que comúnmente se llama deuda política.

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La Lepp establece que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos a razón del equivalente en quetzales de US$2 de los Estados Unidos de América, por cada voto legalmente emitido a su favor, siempre y cuando la organización haya obtenido no menos del cinco por ciento del total de sufragios válidos durante las elecciones generales.

Para el cálculo, establece la ley, se tomará como base la cantidad de votos que sea mayor entre la elección para los cargos de presidente y vicepresidente de la república, o de diputados al Congreso por lista nacional.

A este financiamiento también tienen derecho los partidos que no haya logrado el 5% del total de votos válidos para la elección presidencial, pero que haya ganado al menos una diputación al Congreso.

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De esa forma, el Estado pagará los Q79.1 millones a 19 organizaciones políticas que en total participaron en las elecciones del 16 de junio pasado.

El monto fue calculado con las proyecciones de votos del Tribunal Supremo Electoral, quien finalmente será quien decida cuánto corresponde a cada organización política.

En el caso de las coaliciones, como la que conformaron el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la agrupación Podemos, el monto estimado se dividió en dos, pero la distribución se hace de acuerdo con el convenio al que llegaron ambas organizaciones.

En dos intentos de reformas a la normativa electoral se ha tratado de aumentar el monto del financiamiento de US$2 a US$3 por voto valido, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) lo ha rechazado.

Después de las elecciones del 2015, el TSE estableció las organizaciones políticas debían recibir Q89.1 millones para el periodo del 2016-2019 en concepto de deuda política, Q1 millón 938 mil más que en el periodo del 2012-2015. En total, 15 agrupaciones recibieron los recursos.

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Sin embargo, para este periodo las organizaciones políticas recibirán Q10 millones menos que en el proceso electoral pasado debido a que disminuyó la participación ciudadana y consecuentemente los votos válidos.

Destino de los recursos

Por aparte, el artículo 21 Bis especifica el destino que los partidos deben darle a esos recursos.

El 30 por ciento para la formación y capacitación de afiliados, el 20 por ciento para actividades nacionales y el funcionamiento de la sede central y el 50 por ciento para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios en los que tenga organización partidaria vigente.

Además, en el año que coincide con las elecciones los partidos podrán destinar el total de la cuota anual del financiamiento público que les corresponde para cubrir gastos de campaña electoral.

Los recursos utilizados serán considerados como gastos para el cálculo del límite de la campaña y los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, serán personalmente responsables del manejo de los fondos.

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La Lepp establece que el pago del financiamiento público se efectuará dentro de los cuatro años del periodo presidencial correspondiente en cuatro cuotas anuales e iguales y durante julio, a excepción de los recursos que se entregarán en el año de elecciones que se deben entregar en enero.

El artículo 21 señala que le corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones partidarias, para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña.

Análisis

El rubro más fuerte en que deben trabajar las organizaciones políticas, de acuerdo con las reformas del 2016, debe ser la capacitación y formación política, según el analista político Yahir Dabroy.

La transparencia en el gasto de esos fondos debe estar fiscalizada por la Contraloría General y Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

A criterio de Dabroy y el analista Édgar Gutiérrez, las reformas a la Lepp han avanzado en el sentido de que ahora exigen mayor transparencia y fiscalización, lo que conllevaría a descubrir, por ejemplo, si hay financiamiento ilícito o no reportado.

“En teoría, para eso se creó la Unidad de Fiscalización de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos; entonces, los mecanismos de control deben estar fijados por el mismo TSE, para fijar la transparencia de los diferentes partidos y organizaciones políticas”, comenta Dabroy.

“Esto es positivo en función de que le da mayor credibilidad a las organizaciones políticas”, agrega.

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“Si el TSE otorga pago de la deuda a estos partidos, eso sería motivo de un amparo que al final tendrían que resolver las cortes”, opina Gutiérrez.

Los profesionales también coinciden en que el millonario pago de esa deuda es el costo de tener una democracia en la que los partidos políticos pueden participar, y que la idea de esa retribución es fomentar la transparencia en las agrupaciones políticas, precisamente para neutralizar los financiamientos anómalos.

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Los politólogos también consideran que “hay que estar atentos”, porque después de los comicios debería venir una serie de resultados con base en la fiscalización a la que obliga la Ley, y en ese sentido, el TSE y los órganos estatales de fiscalización “tienen un gran reto por delante”.

Respecto de los partidos que actualmente tienen algunos procesos legales, como el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), entre otros, los analistas coinciden en que no deberían recibir ni un centavo hasta que se solucione su situación.

FCN-Nación, en proceso de cancelación por una investigación de financiamiento electoral no registrado, recibió a inicios de este mes Q12.9 millones como financiamiento público correspondiente al 2016, 2017 y 2018. Esa acción ha sido criticada, porque puso en situación de inequidad al resto de partidos políticos.

Otras agrupaciones en proceso de cancelación son Creo, Unión del Cambio Nacional (UCN) y Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Además, la contienda electoral dejó fuera a los partidos Libre, Convergencia, Partido Productividad y Trabajo, Avanza, Unidos, Fuerza y Encuentro por Guatemala, por no haber obtenido el porcentaje mínimo de votos válidos.

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