Además, ambientalistas, pobladores, pescadores y sindicalistas se oponen al proyecto porque consideran que este puede afectar el ecosistema de la Bahía de Amatique, que ha dañado los  manglares aledaños a la Empornac.

La querella fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al considerar que las autoridades de la Empornac  evadieron  preceptos que establece la Ley de Contrataciones para lograr la adjudicación a Pahame, S. A., ya que los servicios  que prestarían a través de una nueva instalación constituyen una concesión, y la adjudicación  se hizo  bajo la figura de “servicios técnicos” contratados por excepción.

Las personas señaladas en este caso eran quienes fungían como  interventor y subinterventor,  Erwin Guzmán Ovalle  y  Hugo Artemio Rodríguez Murcia, respectivamente. A quienes se les trató de localizar pero no fue posible.

El Entramado

Para otorgar el proyecto a la firma, Empornac realizó al menos ocho procesos que a consideración de la Contraloría viciaron el proceso de adjudicación.

Todo comienza con el acuerdo de intervención 317-2014 del 30 de septiembre del 2014, en el que el interventor Guzmán Ovalle autorizó la contratación de una empresa para la prestación de servicios técnicos y autorización para la carga y descarga de buques con granel sólido a través de una instalación nueva de pontones flotantes  —plataformas— y removibles, independientes a los atracaderos actuales de la Empornac.

El 10 de octubre de ese año, el proceso de contratación se subió a Guatecompras, en el que se establece que la empresa que presente su oferta deberá hacer la inversión completa a su propia costa, incluyendo diseño de las instalaciones, fabricación, instalación, operación y mantenimiento del nuevo sistema.

El 23 de octubre del 2014, Rodríguez Murcia aprobó los términos de referencia. Pero los mismos fueron   publicados sin firma y sello, y que al solicitar documentos de soporte, de quien elaboró los documentos, las  autoridades de Empornac,  indicaron que no existen documentos de soporte y que desconocen  quién pudo ser el responsable de elaborar los términos de referencia.

El evento se adjudicó  a la empresa aludida el 7 de noviembre de ese año. El mismo día, Rodríguez Murcia  notificó a la comisión calificadora que la empresa pagaría US$0.705 por tonelada métrica de carga y/o descarga.

En la escritura pública 105 se formalizó la contratación del servicio, en la que se especifica  que la carga y descarga de los buques será de mena de níquel —rocas de níquel— en primer lugar, y otros materiales como el carbón mineral.

El 19 de diciembre, siempre del 2014, ampliaron el contrato  para que cobrara vigencia un año después.
Pese a ello, el 26 de febrero del 2015, a través de la escritura pública 32 elaborada  por el notario José Guillermo Castellanos Molina, la Empornac otorgó a Comercializadora Pahame, S. A.,   21 mil metros cuadrados para que la firma  pudiera arrancar el proyecto a través de una nueva instalación portuaria, equivalente a 300 metros de frente por 70  de fondo.

Otra irregularidad que descubrieron los auditores es que Pahame, S.A. se encuentra registrada entre los clientes de la Empornac como una firma que se dedica a exportar mena de níquel, por lo que era la única empresa que podía participar y ganar el concurso. Además,  el contrato se otorgó a un plazo de 10 años, los cuales pueden ser prorrogables.

Origen de pahame

La empresa fue constituida por Willian René Cardona Méndez y Norma Verónica Mendoza el 22 de enero del 2007, con un capital de Q5 mil dividido en 10 acciones, y cinco acciones  cada uno.

Cinco días después que el concurso se subió a  Guatecompras,   el 15 de octubre del 2014, se  modificaba la escritura de constitución, por medio del documento número 83 donde se amplió el capital de Q5 mil a Q60 millones.

En el mismo documento se amplía el objeto de la sociedad. Se incluyó prestar todo tipo de servicios de logística en puertos marítimos como muelles, carga, descarga, almacenaje y/o transferencias para todo tipo de productos.

El director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), Óscar Calderón, manifestó que efectuaron la inspección del área de manglares en el área otorgada a Pahame, y la misma se encontró destruida por lo que presentaron una denuncia al Ministerio Público, pero ante la evidente corrupción que existía en la administración del Partido Patriota, pudo haber existido tráfico de influencias para que la misma quedara engavetada y no se le diera seguimiento.

“El mangle fue arrancado de raíz y llevado en camiones de volteo a otra zona para perder la evidencia. Seguimos  monitoreando la zona hasta donde tengamos jurisdicción, para que no se continúe con el daño”, dijo Calderón.

El ambientalista explicó: “Nosotros  expusimos y exigimos a la Fiscalía para que se detuviera el proceso, pero no fue así  y ahora se construye la terminal. El día de la inspección no fuimos notificados y a pesar de ello acudimos, pero todo fue una pantomima”.

Los patriotistas

Carlos Rodas, delegado del Ministerio de Ambiente en Izabal, explicó que durante la administración del gobierno patriotista fueron dadas todas las autorizaciones correspondientes.

Según la fundación  Mar Fund, entidad que vela por la conservación y el uso de arrecifes en Mesoamérica,  los manglares  son importantes para el ecosistema y los mismos se encuentran desapareciendo a un ritmo alarmante, por lo que es de vital importancia que se vele por su conservación.

Personeros de la fundación resaltaron la importancia de los manglares en las orillas de la Bahía de Amatique, y que los mismos están en peligro por el crecimiento de la industria, como lo que se  construye del lado de  Empornac, a un costado de ella, en los terrenos que tiene Pahame.

La fundación espera  que se renueve el compromiso de Guatemala  de la Declaración de Tulum,  para mantener  la conservación y el uso sostenible del sistema de arrecifes para contribuir  al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Por aparte, un grupo de pobladores y pescadores mantienen el temor que el proyecto que contempla la instalación de muelles flotantes y la construcción de una terminal adjunta a la Empornac afecte el ecosistema en la Bahía de Amatique,  Puerto Barrios, Izabal.

Trabajadores portuarios denunciaron que el contrato que concesionó los terrenos donde se construye el proyecto se encuentra viciado y que la empresa adjudicada forma parte de un consorcio de firmas que pertenecen a  Jürgen Widmer Probst, quien está prófugo de la justicia, vinculado con el caso Cooptación del Estado.

La empresa  indicó que no tiene relación con Widmer Probst, y el señalamiento lo hacen debido a que el dueño de la empresa es cuñado del prófugo.

Este grupo, a través  de Interport, ha recibido al menos Q1 mil millones en contratos con el Estado.

Los pescadores se oponen a la construcción de un nuevo muelle paralelo al que ya existe en el sector, porque puede presentar daños al ecosistema en  especial a la crianza de especies que subsisten bajo los manglares. Además, la zona marina costera cuenta con cientos de estuarios —desembocadura del río en el mar— que están siendo destruidos.

Renato Marín, pescador de la región, manifestó que toda la zona ha sido tomada por maquinarias, las cuales han destruido el entorno y dijo sentir  tristeza al ver como un lugar donde a simple vista se veían los peces ahora es una zona llena de grandes rocas que irresponsablemente han dañado el hábitat marino.

Oposición

A comienzos del 2017 se anunciaba el proyecto de los muelles flotantes por parte del presidente de la junta directiva de la Empornac,  Fernando Lorenzana, durante el acto donde se entregaron utilidades.

En el mismo acto la trabajadora portuaria Mirna Pérez increpó al presidente Jimmy Morales para solicitarle que interviniera  ante la Contraloría  para que se realizara una auditoría forense y se determinaran así  las anomalías en los contratos.

Parecido a TCQ

Aunque el proceso de licitación no es el mismo, el resultado es igual al usufructo (a la concesión) otorgada a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el 2012, por parte de la Empresa Portuaria Quetzal.

 En ese año se otorgaron 340 mil metros cuadrados para construir TCQ, y en este caso se otorgaron 21 mil metros cuadrados para que la empresa Pahame construya una terminal alterna para ayudar a Empornac con los embarque de mena de níquel.

Empornac: contrato se mantiene  vigente

“El proceso  está siendo investigado por la Contraloría, y a nosotros como entidad pública no nos han notificado los hallazgos.  Sabemos que la denuncia penal fue contra las autoridades anteriores que aprobaron el contrato,  porque hallaron un vicio y no nos han informado que haya una denuncia contra el contrato en sí. Nosotros fuimos los que presentamos los documentos a la Contraloría para que fueran analizados ya que habían sido señalados. Lo que esperamos es que la Contraloría nos diga qué hacer ya que el contrato está vigente y hay obligaciones de ambas partes. Al tener los resultados podríamos saber si vamos a un tribunal a pedir la nulidad del contrato”, dijo Danilo Morgan, gerente general de Empornac.

Empresa no se pronunciará

Comercializadora Pahame, S.A., manifestó que no se pronunciará al respecto de la denuncia presentada debido a que no son parte, y esperarán el desarrollo de la investigación. Personeros recalcaron que hasta tener más información no harán la comunicación respectiva. Por aparte, indicaron que el proceso se puede observar en Guatecompras, y aseguran que  fue transparente.

 Esperan también que la denuncia  no llegue a afectar a la empresa y al proyecto, debido a que ya han invertido varios millones de quetzales.

La firma señaló que en el área no existieron manglares, y que a pesar de ello, la empresa  contribuye con el estudio científico   apoyando los programas que  desarrolla la Usac para la recuperación del manglar.