La propuesta fue presentada este miércoles por la bancada Todos, cuyo jefe Juan Ramón Lau, explicó que la iniciativa pretende reducir la mora judicial y fortalecer el Estado de Derecho.

La iniciativa pretende adicionar a la Ley el artículo 521 bis, que señala que “habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala o el querellante adhesivo en su caso, indemnizará al procesado con 50 salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas”.

Además, se podría indemnizar con 100 salarios mínimos, del salario mensual vigente para las actividades no agrícolas, si el sindicado es absuelto “en sentencia firme debidamente ejecutoriada”.

• Para el 2016 el salario mínimo mensual, para las actividades no agrícolas, es de Q2 mil 497.04.

Junto al resarcimiento, también se deberá publicar, en por lo menos dos diarios de mayor circulación, las circunstancias en las que se ordena dicho pago.

La propuesta también busca modificar el artículo 268 del Código Procesal Penal, que se refiere a la cesación del encarcelamiento, para que las prórrogas de privación de libertad se otorguen una sola vez y por no más de seis meses.

Lau explicó que con esta reforma se pone un plazo a las salas de Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia, para que cuando se soliciten prórrogas de privación de libertad estas no se otorguen como ahora, que se hace “cuantas veces sea necesario”.

El diputado dijo que “no es justo que una persona esté detenida hasta cuatro años y después el Estado solo diga, disculpe, pero usted no era culpable. Esto conlleva agravios para cualquier persona que esté detenida porque provoca desintegración familiar, pérdida de empleo y la estigmatización ante la sociedad”.