Incluso se le cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la certeza de la empresa a la cual se le adjudicó debido a señalamientos que tenía en otros países. Las autoridades electorales defendieron la credibilidad, transparencia y funcionalidad del sistema.
Durante la jornada de conteo de votos, el Trep funcionó dentro de los estándares esperados, defiede el TSE. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Admnsitrativos lleva a cabo una pesquisa que alcanza hasta a los magistrados del TSE.
La denuncia
Cuatro días después de la primera vuelta de comisión, se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. La cual fue interpuesta por Karen Fisher y Giovanni Fratti integrante de la organización Guatemala Inmortal.
El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.
Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.
Además indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado diez actas, aunque el Trep daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con diez actas.
Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en la juntas electorales.
Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos. En la denuncia se solicita que peritos de Taiwán, Israel y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
“Se solicitó información a la Contraloría General de Cuentas si existían auditorias relacionadas con el tema e informaron que tienen dos, no obstante la Fiscalía de Delitos Administrativos estará solicitando informática”, detalló el MP.
Por el momento, los magistrados poseen una solicitud de retiro de antejuicio por la inscripción de Manuel Baldizón, que luego fue enmendada. Aunque en este caso de la Fiscalía de Delitos Administrativos los denunciados son los magistrados aun no se ha requerido el retiro de antejuicio.
La magistrada presidenta, Irma Palencia comentó que han entregado la información que se les ha solicitado, sin embargo no han podido conocer a profundidad los expedientes del MP.
“No es secreto para nadie que estamos siendo asolados por una cantidad exagerada de solicitudes en cuatro fiscalías, distintas cosas”, aseguró Palencia.
Allanamientos
El 3 de agosto, el MP realizó una diligencia de allanamiento en el Centro de Tecnología y Equipamiento (Cope) ubicado en el Parque de la Industria, según información oficial derivado de una denuncia del partido político Valor. Se extrajo una copia de los resultados preliminares del 25 de junio.
En otra fiscalía
También la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) ha informado recientemente que investigan el mismo sistema y sus digitadores. El jefe de la fiscalía dio a conocer en agosto que se indaga sobre Gustavo Villamil, de nacionalidad colombiana, ya que supuestamente tuvo acceso al Trep.
En el mismo caso, es investigado Jorge Santos, subdirector del Departamento de Informática.
El 25 de agosto Santos se presentó a la Feci debido a una citación donde se le solictó información general sobre el Trep, las pruebas y la logística de las jornadas de comicios.
“Vine a aportar en el proceso que se está llevando a cabo la información que correspondía”, aseguró e subdirector.
críticas al Trep.
El sistema tuvo un costo de Q148 millones, la adquisición fue cuestionada incluso por los partidos políticos. Los fiscales nacionales en múltiples ocasiones dudaron de la certeza y credibilidad de la empresa.
La incertidumbre inició cuando algunos fiscales señalaron que Datasys era había participado en el evento electoral de Colombia y Consejo Nacional Electoral suspendió la contratación por incumplimiento de algunos requisitos.
En ese contexto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal cuestionaba que la empresa no poseían experiencia en procesos electorales. Derivado de las críticas y exigencias de los partidos, representantes de Datasys y Podernet se presentaron en una reunión de fiscales para solventar las dudas y rechazaron los señalamientos que les fueron hechos.
Supervisión y simulacros
Aunque en otros procesos el TSE optó porque la supervisión de los sistemas informáticos las realizaran firma independientes, esta vez adoptó la opción que el proveedor propuso. Esta fue el Tecnológico de Monterrey.
El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó recientemente la información sobre las auditorias realizadas al Trep. Según la denuncia, Datasys fue la misma que recomendó a Podernet para esa verificación.
El denunciante asegura que es un conflicto de intereses, ya que fue el mismo proveedor quien recomendó a quien le supervisaría cuando el proceso debió haber sido realizado por los profesionales del departamento de informática.
Además, se realizaron tres simulacros que fueron avalados por los partidos políticos como por las misiones de observación electoral.
