Archila señaló que se promoverá una iniciativa de ley para legislar contra el robo de energía.
Durante la reunión se conoció que tres grupos al margen de la ley hacen conexiones ilegales y cobran el servicio a las comunidades.
Jaime Tupper, de Energuate, señaló que el robo de energía cuesta Q250 millones al año a esa empresa, la cual es la encargada de distribuir la energía en esos departamentos.