Sin presión social ni voluntad política, aumento de sueldo a diputados apunta a consolidarse para el 2026
Los diputados han costado Q74 millones desde que la actual Junta Directiva autorizó el desembolso para el incremento salarial de los 160 congresistas.
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De izquierda a derecha: Karina Paz, Mario Gálvez, Jorge Ayala, Juan Carlos Rivera, Sabino Velásquez, Jorge Castro, Nery Ramos y Kevyn Escobar, integrantes de la Junta Directiva del Congreso. (Foto Prensa Libre: Congreso -Diseño Marcos Gálvez)
El Congreso ya analiza el presupuesto nacional del 2026 y desarrolla audiencias con todas las entidades que reciben fondos públicos. Busca evaluar la distribución de recursos y evitar gastos innecesarios.
Esa tarea corresponde a la Comisión de Finanzas del Congreso, órgano parlamentario que debe emitir dictamen sobre el presupuesto del próximo año, presentado por la presidencia de Bernardo Arévalo.
Además, la comisión dictamina el presupuesto del Legislativo, elaborado por la Junta Directiva, el cual, a diferencia del presupuesto nacional, no pasa por el mismo control de rigurosidad.
Una muestra clara fue el plan de gastos del Congreso para el 2025, en el que ninguno de los 160 diputados alertó sobre el aumento salarial, ya incluido en su asignación.
Ese incremento empezó a pagarse desde febrero, cuando la directiva presidida por Nery Ramos autorizó a las unidades financieras del Organismo Legislativo el pago de nómina con el aumento respectivo.
Desde la presidencia del Congreso se informó que Ramos no participó en esa reunión, por lo que no respaldaba la decisión adoptada por la directiva, entonces encabezada por el primer vicepresidente, Jorge Castro.
El diputado Castro fue reelecto por el partido Visión con Valores (Viva), agrupación que lo expulsó por apoyar el aumento de sueldo a los legisladores.
Gasto millonario
Ese incremento le ha costado al país, en ocho meses, Q74 millones 50 mil 400, según cifras de nómina del Legislativo de febrero a septiembre del 2025.
De los 160 diputados, 151 reciben un salario mensual de Q61 mil 300, compuesto por un salario base de Q46 mil 700 más diversos bonos económicos.
Tan solo en ellos el país gasta Q9 millones 256 mil 300 mensuales. El gasto aumenta al sumarse los sueldos de los nueve diputados de la Directiva, quienes gozan de más bonificaciones.
Cada uno de los cinco secretarios recibe Q76 mil 300, que en conjunto suman Q381 mil 500. Los tres vicepresidentes devengan Q81 mil 300 mensuales, lo que representa Q243 mil 900.
El que más gana es el presidente del Congreso, Nery Ramos, con un salario mensual de Q97 mil 300.
La nómina mensual del Legislativo, solo en sueldos de diputados, asciende a Q9 millones 979 mil.
Sin voluntad política
Analistas consideran poco probable que los diputados reduzcan su salario, ya que de haber tenido esa intención, lo habrían hecho este año. Ahora, el escenario se complica.
“El aumento se dio cuando los diputados aprobaron su presupuesto; fue la Junta Directiva la que terminó de hacer todos los arreglos para hacerlo efectivo”, recordó Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Incluso, tras el escándalo que provocó la decisión, la Junta Directiva ofreció revertir el incremento, pero días después, sin convocatoria a la prensa, explicó que tal reversión no era posible.
Un dictamen del departamento jurídico del Congreso les informó que, por ser una decisión del pleno, la Junta Directiva no podía anularla.
Ante la discusión del presupuesto para el próximo año, Quezada considera probable que los diputados ratifiquen el aumento incluyéndolo de nuevo en el articulado.
“Como lo veo, creo que lo van a mantener. Muchos medios y personas lo cuestionaron, pero ante el debilitamiento de la opinión pública, los diputados optarán por dejar las cosas así”, indicó.
Población en silencio
Para Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo, este pulso social y político lo ganó ampliamente el Congreso. Los 160 diputados lograron el aumento salarial ante la pasividad de una población que optó por el silencio.
“Podrían reducirlo o incluso aumentárselo más”, advirtió Solórzano, al señalar que la escasa acción ciudadana permitió que el Congreso consolidara el incremento.
Destacó pronunciamientos de los 48 Cantones de Totonicapán, organizaciones sociales y editoriales de prensa, pero no hubo un movimiento articulado que forzara a los legisladores a retroceder.
En el 2017, los guatemaltecos protestaron contra reformas al Código Penal, y la presión fue tal que los mismos diputados anularon el decreto aprobado días antes. Ahora, la ciudadanía se mantuvo al margen.
“Este puede ser un momento clave para ejercer presión, porque en el 2024 los tomó por sorpresa, incluso aprobaron el aumento de madrugada. Ahora la población está más alerta y podría concentrarse afuera del Congreso”, estimó el analista.
El Congreso representa un gasto millonario cada mes y, en los nueve meses del 2025, ha emitido ocho decretos. Uno de ellos generó rechazo público y podría ser vetado por el presidente.
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