Parecer, el gobierno de Jimmy Morales no aprendió la primera lección que la Corte de Constitucionalidad (CC) le dio el año pasado, con la suspensión de dos gobernadores departamentales de San Marcos. Otro indicio fue el cambio, este año, que el presidente hizo al sustituir a ocho gobernadores en forma sorpresiva, además de que aparentemente no se tomaron en cuenta las ternas que presenta la sociedad civil.
El denominador común; los tentáculos de parlamentarios, principalmente distritales.
El que el 6 de abril último el juzgado de Femicidio de Santa Cruz del Quiché, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, otorgara amparo provisional a la sociedad civil del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) y que el nombramiento de Fredy Noriega como gobernador del lugar fuera suspendido evidencia ligereza en las designaciones.
Parlamentarios y analistas aseguran que diputados del oficialismo están detrás de algunos de los ocho cambios que el mandatario hizo de manera sorpresiva en marzo último, en medio de la coyuntura por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El mandatario fue cuestionado de inmediato acerca de los criterios que lo llevaron a designar a los gobernadores; sin embargo, respondió que no era el momento de hablar de ello —por lo ocurrido en el Hogar Seguro, donde murieron 41 menores de edad—.
Ejemplos
Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, señaló un par de casos que apuntan a la influencia de integrantes del oficialismo en los gobernadores para que contraten obras o personal.
Hace un año, una conversación entre los diputados Juan Manuel Giordano y Javier Hernández, de FCN-Nación, fue filtrada para evidenciar presiones, en este caso, hacia el gobernador de San Marcos, Carlos Cardona. Giordano es de ese departamento.
“Espero contar con algunos guerreros para tenerlo de rodillas”, escribió Giordano. “Ja ja ja ja, no se puede más con miel que hiel (sic)”, respondió Hernández, jefe de dicho bloque.
Giordano insistió: “Sí, me pondré un poco de miel en la… para cuando se la deje ir”.
El otro caso mencionado por el opositor es el de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien lloró después de una citación con la bancada oficialista.
La funcionaria reconoció habaer recibido presiones, además de que varios parlamentarios están antejuiciados por este caso.
“Que haya alguna influencia del oficialismo me imagino que sí, son presiones que se dan porque el gobernador está vinculado con los consejos de Desarrollo y los alcaldes, y tienen interés en la adjudicación de obra gris porque también quieren réditos políticos por ser distritales”, explicó Lira.
Mario Taracena, expresidente del Congreso, afirmó que la influencia de diputados es porque los gobernadores son los presidentes de los consejos de Desarrollo y prácticamente se ha dado en todas las legislaturas.
“Es algo que lamentablemente se volvió costumbre, y lo hacen por tener cuotas de poder”, dijo.
No hay cambios
Manfredo Marroquín, de la organización especializada en transparencia Acción Ciudadana (AC), no ve que cambios en el gobierno de Morales en cuanto a eliminar las viejas prácticas de permitir la influencia de diputados en nombramientos que él debe hacer.
Con esa opinión coincidió el también consultor de AC, Marvin Flores, quien aseguró que en las gobernaciones lo que más se da es la negociación de plazas en ministerios, como en Educación y Salud, por tener delegaciones locales.
“No necesariamente son plazas fantasma, pero sí plazas a familiares o con diputados, que un gobernador dice ‘apóyenme y les voy a dar tantas plazas en tal ministerio’”, comentó Flores.
Agregó que los principales elementos de corrupción se dan cuando el gobernador ejerce como coordinador del Codede, porque trafican obras.
El consultor cree que si bien la práctica seguramente continúa, se ha minimizado por los fuertes controles sobre transparencia y el papel que ha desempeñado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El experto en poder local, Edy Cifuentes, opina que son los intereses económicos y de control político lo que buscan los legisladores, y hay mucho interés en el manejo clientelar de las obras y la asignación de estas a empresas de diputados o sus allegados.
“Resulta interesante que los padres de la patria , en este caso la mayoría distritales, se volvieron desde hace unos tres períodos legislativos en dedicados empresarios de la construcción y, en lo referente al control político, es el sometimiento que muchas veces hacen de la organización comunitaria (Cocodes)”, explicó.
“Además, no hay que perder de vista que los gobernadores son los jefes políticos del departamento y pasan por sus manos los nombramientos de las entidades.
Denuncias contra Codedes
La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha presentado 40 denuncias en el Ministerio Público contra varios Codedes, por asuntos relacionados con obras de infraestructura.
La mayoría de las denuncias —presentadas en 2015, 2016 y 2017, pero que corresponden a auditorías de años anteriores— son por obras abandonadas.
Por ejemplo, hay una construcción de puente vehicular en el parcelamiento Jabalí, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, por Q1.4 millones, la cual quedó abandonada y se pagó el 20 por ciento de anticipo en 2011, y dos años después solo tenía un avance del 3.6 por ciento.
También figura en el Codede de Izabal una malversación de fondos porque los recursos asignados para la construcción de un edificio fueron utilizados para financiar dos proyectos distintos.
Como responsables en las denuncias aparece el presidente del Codede —gobernador—, alcaldes, representantes de ONG y dueños de constructoras.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, explicó que, como gobernador, el gasto es más que todo administrativo y de funcionamiento, y que los problemas se han dado en los Consejos de Desarrollo.
Si bien las instituciones que reciben los recursos son las municipalidades, los gobernadores, como presidentes de esa instancia, deliberan a lo interno acerca de las obras que se deben ejecutar en cada municipio.
