“El vicepresidente (Biden) nos anunció que van a reorientar recursos de los años fiscales 2014 y 2015 para apoyar el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Como mínimo serán 500 millones de dólares, que son adicionales a los 750 millones que aprobó el Congreso en diciembre”, indicó Martínez.
Esta nueva partida irá destinada, como el conjunto del proyecto acordado en noviembre de 2014, a reforzar las instituciones, mejorar la seguridad y frenar la migración irregular de los ciudadanos del Triángulo Norte.
“Será más rápido acceder a esos 500 millones de dólares porque ya están en las agencias (de EE.UU.), ya siguieron los procedimientos del Congreso, y luego se podrá acceder a los 750 millones”, matizó el canciller salvadoreño, quien estimó que los 500 millones “se empezarán a ejecutar” en los próximos meses.
A finales de este año se comenzarán a ejecutar también los 750 millones aprobados por el Congreso estadounidense, que están sujetos a la consecución de objetivos en varios campos por parte de los países receptores, unos requisitos que, según Martínez, El Salvador ya ha cumplido.
“El Salvador fue certificado por el Departamento de Estado de EE.UU. para tener acceso a los 750 millones. Son recursos muy importantes que vienen a completar un esfuerzo que ya estamos haciendo como país y por el que solo este año estamos invirtiendo 900 millones de dólares”, indicó el ministro.
De los 750 millones aprobados por el Congreso para el año fiscal 2016, que se repartirán entre los tres países, 183,5 millones de dólares serán destinados al Fondo de Apoyo Económico, 222 millones para el control internacional de narcóticos y aplicación de la ley, y los restantes 344,5 millones a otros programas de asistencia al desarrollo.
En cuanto a los nuevos 500 millones revelados hoy, cabe recordar que en febrero pasado, al presentar su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2017, Obama ya incluyó una partida de otros 750 millones de dólares más de ayuda a Centroamérica, fundamentalmente para frenar la inmigración ilegal procedente de esa región.
Un alto funcionario estadounidense detalló entonces bajo anonimato que esos 750 millones se sumarían a los otros 750 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional en Guatemala, El Salvador y Honduras.
