El Senado aprobó también —por 66 votos en favor por 33 en contra— un procedimiento para alcanzar la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados en un debate lleno de emoción en torno a estas nuevas leyes que buscan renovar el sistema de inmigración del país.
Ambas medidas, que se adoptaron de manera conjunta, dieron un nuevo impulso a la legislación que tiene gran similitud con el llamado del presidente George W. Bush a una amplia reforma al complicado sistema de inmigración en Estados Unidos.
La aprobación de la triple valla representa también la primera victoria importante en dos días para los conservadores que desean avalar ese plan.
El Senado resolvió también excluir a los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por un crimen o por tres infracciones menores de la posibilidad de permanecer en EEUU bajo un programa que sus críticos consideran una amnistía.
Las medidas fueron aprobadas en medio de un volátil ambiente político. La Casa Blanca buscaba por segundo día consecutivo aliviar por un lado las preocupaciones de los republicanos de la Cámara de Representantes temerosos de que Bush favorezca una amnistía para los indocumentados.
Por otro lado, pretendía atender las inquietudes de los manifestantes que se congregaron a unas calles del Capitolio en apoyo a los derechos de los inmigrantes.
La construcción de la triple cerca enviaría “una señal de que los días de frontera abierta se terminaron”, dijo el senador republicano Jeff Sessions.
Queda pendiente debatir cerca de una decena de enmiendas relativas a la cuestión migratoria, que el Senado quiere dejar resuelta antes de que concluya este mes.
Muro de la vergüenza
La noticia de que el Senado de EEUU aprobó la construcción de un muro —denominado el “de la vergüenza”— en la frontera con México, para impedir la entrada de indocumentados, causó la indignación de alcaldes y organizaciones pro inmigrantes, mientras el Gobierno de Guatemala se limitó a decir que está preocupado, pero de condena, nada.
La edificación de la valla, junto al envío de seis mil soldados de la Guardia Nacional, busca contener el paso de indocumentados por la frontera con México.
En Guatemala, alcaldes consultados expresaron su rotundo rechazo a la medida anunciada el miércoles por la administración de George W. Bush, que afectará a 12 millones de indocumentados. “Es un atentado de lesa humanidad para el futuro de nuestros connacionales”, sentenció René López, gerente de la Mancomunidad de Huista, Huehuetenango, respecto del anuncio de la construcción de la barrera.
Añadió que los municipios emisores de emigrantes “no tienen la capacidad para generar empleos, y que el panorama será dramático si aumentan las deportaciones”.
El alcalde de La Libertad, Petén, Danilo Aniel García, afirmó que Guatemala no está preparada para atender a quienes se vean obligados a regresar. “Tenemos que presionar y que nos tomen en cuenta”, exhortó.
Inmigrantes, sorprendidos
Juan García, del Comité de Migrantes en Acción, confesó su sorpresa por la decisión de enviar seis mil soldados de la Guardia Nacional. “Me preocupa, pues no están entrenados (Guardia Nacional) para detener a un indocumentado, sino para actuar en una situación bélica”.
Agregó que el Gobierno de Guatemala debió cerrar filas en ese tema, ya que está en juego la vida de muchos seres humanos.
Mynor Andrade, guatemalteco radicado en EEUU, opinó: “El refuerzo de la frontera y la potencial militarización constituye un retroceso en las relaciones entre países. La imagen de EEUU es comparable con la de Berlín de la Alemania oriental”.
La activista de Florida, Diana Posadas, recordó: “No hay ni muros, ni militares que detengan el hambre y la necesidad de la gente”. Posadas pidió a los políticos en Guatemala crear más fuentes de trabajo.
En opinión de Édgar Ayala, de la Coalición de Inmigrantes, “las estadísticas muestran que los muros triples, como los construidos entre San Diego y Tijuana, no han reducido el número de personas que intentan cruzar”.
México emite queja
Mientras el presidente de Guatemala, Óscar Berger se limitó a calificar de “afrenta” la ampliación del muro, el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, anunció ayer que su gobierno enviará una nota diplomática para expresar su preocupación.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país afirmó que el gobierno de Vicente Fox “reitera su convicción de que los muros no resuelven el problema migratorio ni ofrecen una respuesta eficaz para garantizar la seguridad en la región fronteriza”.
Se intentó conocer la postura del procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, quien condenó la tibia gestión de la administración Berger hace una semana, pero se indicó que se encuentra fuera del país.
