Prensa Libre lo pbulicó así: “Unas 90 familias guatemaltecas que fueron desalojadas del Parque Nacional Sierra del Lacandón, La Libertad, Petén, se encuentran refugiadas y en situación precaria en Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco, México, denunciaron ayer al menos dos diarios mexicanos”, iniciaba la nota periodística.

“Este pueblo, conformado por alrededor de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia este punto, ubicado entre una zona serrana y selvática de la frontera de México y Guatemala”, cita el diario El Universal.

El Excélsior especifica: “De acuerdo con los propios desplazados, cerca de 200 campesinos, del municipio La Libertad, en Petén, fueron agredidos por el Ejército Nacional de Guatemala, señalados por su gobierno de ser traficantes o de colaborar con ellos”.

Esa situación es vista por diferentes sectores como algo similar a lo ocurrido durante el conflicto armado interno, cuando miles de familias guatemaltecas debieron huir hacia Chiapas, México, para evitar ser masacradas. En ese momento eran señaladas por el Ejército de ser colaboradoras de la guerrilla, mientras que en la actualidad se les tilda de ayudar al narcotráfico.

El 25 de agosto último, en conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, declaró que los campesinos fueron expulsados “porque se considera que estaban aportando o colaborando con el narcotráfico”.

Supervivencia

“Nosotros no somos delincuentes”, afirmaron a El Universal José Manuel Valdez, Miguel Ángel Pérez Ramírez y José Gutiérrez Zacarías López, quienes se encuentran en situaciones infrahumanas en una zona fronteriza entre ambos países.

Los connacionales, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños, ya llevan una semana “en resistencia”, en un área selvática de Nuevo Progreso, después de que fueran desalojados de la comunidad Nueva Esperanza, área del Parque Nacional Sierra del Lacandón, y sus viviendas quemadas, el 23 de agosto último.

Según lo reportado por los periódicos mexicanos, los guatemaltecos salieron con muy pocas pertenencias cuando se dio el desalojo, y sobrevivían bajo ramas de árboles y casas improvisadas de nailon, en un área donde se registra constante lluvia.

El desalojo se llevó a cabo durante un operativo “que responde a este sentido de seguir buscando estructuras criminales y seguir desmantelando”, expresó Menocal.

Gobierno los acusa

La versión del funcionario es secundada por el gobernador de Petén, Rubel Mauricio Álvarez, quien expresó: “Muchos de ellos —los campesinos— son enviados por narcofinqueros” al área de donde fueron desalojados, porque es un “punto estratégico para la seguridad nacional”.

Álvarez agregó que han identificado al menos 25 comunidades más que “están relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico”, las cuales se encuentran en un área que tratan de recuperar.

Se repite el patrón

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas; Clara Arenas, directora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales; Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos; y Rafael González, del Comité de Unidad Campesina, coincidieron entonces en que se repite el patrón desarrollado durante el conflicto armado.

“Este tipo de situaciones provoca un desplazamiento forzado y, lamentablemente, estamos volviendo a vivir situaciones no tan dramáticas como tierra arrasada, pero sí con grandes en efectos como los del conflicto armado”, insistió Cadenas.

El jurista supone que los desalojos obedecen a la instalación del megaproyecto turístico Cuatro Balam, así como de cuatro hidroeléctricas en los márgenes del río Usumacinta, que atraviesa la región.

Arenas expresó su preocupación porque el desalojo obligue a guatemaltecos a pasar la frontera para salvar sus vidas.“Se crean historias que los vinculan con el narcotráfico y cosas ilegales, pero habría que conocer qué dicen ellos, pues necesitan un lugar dónde producir, y los desalojos los ponen en graves problemas, lo cual es una violación del derecho a la vida”, comentó.

Morales dijo que no hay protocolo que impida que los campesinos solo sean expulsados sin darles una respuesta y forma de vivir. “Los campesinos se sienten desorientados y salen corriendo a cualquier lugar, y si ese lugar es México, no hay barrera que detenga a alguien con miedo”, insistió.

Según González, la situación que se da en Petén es un reflejo del problema agrario que viven campesinos en todo el país.“Eso refleja la inhumanidad del Gobierno, pues aunque diga que —los campesinos— salieron por su cuenta y sin violencia, dejarlos sin un techo ni tierra para producir implica una violación a los derechos humanos y a la alimentación”, criticó.

No se violaron derechos

El Gobierno se pronunció en un comunicado en el que rechaza la violación a los derechos de las familias desalojadas, a las que, según este, les ofrecieron trasladarlas a sus lugares de origen, pero se negaron. El documento agrega que la acción se efectuó para recuperar áreas en poder del narcotráfico o que favorecían las actividades ilícitas del mismo.

Menocal aseguró que no hay información de que familias completas se movilicen hacia México, y menos como durante el conflicto armado interno.“Hemos cruzado información con las inteligencias mexicanas, y de hecho hubo una reunión de fuerzas militares hace dos semanas. Ninguna de las autoridades nos ha reportado un movimiento migratorio masivo de refugiados al estilo del conflicto armado interno o estampida”, aseveró.

Como en el pasado

Bolivia y México son países hacia donde huyeron connacionales durante el conflicto armado interno.

• 1981 fue de tácticas de terror y diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos. La persecución aun en el extranjero fue constante, por lo que surgieron las Comunidades de Población en Resistencia, acosadas por el Ejército y paramilitares.
• En 1983, un grupo de guatemaltecos refugiados en Honduras salió hacia Bolivia, bajo la protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
• En 1980 también se instalaron varias Comunidades de Población en Resistencia en estados del sur de México, tales como Campeche, Quintana Roo y Chiapas, hacia donde se desplazaron luego de haber sido víctimas de la política de tierra arrasada practicada por el Ejército de Guatemala.

Pacto

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, hizo referencia a la falta de cumplimiento de los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos, de la Organización de Naciones Unidas, firmados y ratificados por el Gobierno guatemalteco, los cuales especifican los pasos para un desalojo forzoso.

Cadena mencionó ese documento debido a que advierte sobre la indemnización. En el apartado número 60 se especifica: “Cuando el desalojo es inevitable y necesario para la promoción del bienestar general, el Estado debe proporcionar o garantizar una indemnización justa e imparcial, por cualesquiera de las pérdidas de bienes personales, inmobiliarios o de otro tipo, en particular los derechos y los intereses relacionados con la propiedad”.

Ese apartado también se refiere a la restitución y retorno: “Las circunstancias de los desalojos forzosos vinculados a los proyectos de desarrollo e infraestructuras rara vez permiten la restitución o el retorno. Sin embargo, cuando lo permitan las circunstancias, los Estados deben dar prioridad a los derechos de todas las personas, los grupos y las comunidades que han sido objeto de desalojos forzosos.

Aún así, estas personas, grupos y comunidades no serán obligados contra su voluntad a regresar a sus hogares, tierras o lugares de origen”.Reasentamiento y rehabilitación es el siguiente paso. “Aunque todas las partes deben asignar prioridad al derecho al retorno, determinadas circunstancias pueden requerir el reasentamiento de determinadas personas, grupos o comunidades a causa de los desalojos generados por el desarrollo.

Los reasentamientos deben producirse de forma justa y equitativa, y en plena conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, según se expone en la sección V de las presentes directrices”, refiere el documento.

Retorno

Tras dos años de permanecer en México en precarias condiciones, se anunció en febrero de 2013 que las familias desplazadas regresarían al país tras haber logrado un acuerdo con el gobierno guatemalteco.