Sin embargo en Totonicapán, enardecidos vecinos atacaron viviendas de funcionarios del partido oficial, el FRG como medida de rechazo hacia las medidas fiscales. Por la mañana cientos de vecinos salieron a las calles a manifestar pero conforme pasaron las horas, la protesta subió de tono. 

Las manifestaciones surgieron dos días antes en la cabecera departamental las cuales se tornaron violentas y dejaron como resultado 12 personas heridas, 16 capturadas y cuatro residencias destruidas.

Comercios cerrados, incertidumbre entre la población, policías y militares en las calles, fue el escenario que la ciudad de Totonicapán vivió en esos días. Tras la violenta protesta, el Gobierno decretó estado de Sitio en el lugar.

Luis Mijangos, secretario de la Presidencia, dio a conocer el Decreto Gubernativo 3-2001, en el que se declara estado de Sitio durante 30 días en ese departamento, “para resguardar la vida de los pobladores del lugar”.

Para Totonicapán no era un día normal, la municipalidad e innumerables comercios estaban cerrados, había más policías en las calles e inclusive a la entrada de la ciudad se apostaron unos 20 efectivos del Ejército procedentes de la base militar 1715 de Quetzaltenango.

“Sí era necesario, creo yo, para mantener la calma”, comentó Julio García, comerciante del lugar, al referirse al estado de Sitio, aunque desconocía sus consecuencias.

Varios vecinos coincidieron en expresar que en las manifestaciones se infiltraron pandilleros quienes fueron los que realizaron los destrozos. 

Los pobladores todavía vivían un clima de incertidumbre, e ignoraban el significado del estado decretado en consejo de ministros. Clemente Alvarado, comerciante del lugar, no sabía de qué se trataba. “Deberían de informarnos”, expresó.

El primer día del Estado de Sitio todo parecía volver a la calma, los vecinos comentaban la angustia que vivieron 500 niños, entre 10 y 12 años, ya que una turba intentó secuestrarlos el jueves por la madrugada.  Los infantes participaban en una olimpiada deportiva interescolar de educación física, indicaron.

Rechazo

El estado de Sitio impuesto por el Gobierno en Totonicapán fue censurado por diversos sectores de la sociedad civil, quienes exigieron el retorno de las garantías constitucionales lo antes posible para los pobladores de esa región.

Agrupaciones de Derechos Humanos, sindicalistas, la Iglesia, la Universidad de San Carlos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, entre otros, se pronunciaron en contra de la restricción de las garantías constitucionales en Totonicapán, y solicitaron al Gobierno levantar el Estado de Sitio.

Confusión, temor e incertidumbre prevalecía en Totonicapán por la presencia militar y que recordó el conflicto armado que golpeó a esa región del Altiplano

La población, entre enojo y preocupación, pedía que “el Ejército se retire” de Totonicapán. La mayoría de pobladores estaba en desacuerdo con la restricción de sus garantías, ya que la presencia castrense “nos trae malos recuerdos”, de acuerdo con declaraciones de vecinos.

Funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestaron que dicha situación era un retroceso en el estado de Derecho en el país. “La gente ve la presencia del Ejército como una actitud de represión; están descontentos. Además, la presencia castrense no es proporcional a lo que en realidad estaba pasando”, indicaron.

“El Ejército está para cuidar la soberanía, no para controlar a la población”, expresó un vecino de Totonicapán. “Volvemos a los tiempos de antes. Estoy seguro de que todo esto pasa porque ahora el que manda en el país es el general Ríos Montt”, agregó. 

“El estado de sitio es un castigo para la población que decidió salir a protestar en contra de las políticas fiscales del gobierno”, indicó una funcionaria de la PDH. 

No fue aprobado

El estado de Sitio decretado en Totonicapán quedaría sin efecto, ya que el Congreso no resolvió nada al respecto. Para las bancadas de oposición, la Constitución es clara en cuanto a que el Congreso debe conocer, ratificar, modificar o improbar en el término de tres días el Estado de Sitio.

Además, el decreto 3-2001 del Ejecutivo, que limita las garantías constitucionales, indica que el Legislativo debe conocerlo y resolver lo que corresponda, lo cual no se hizo, pues sólo hubo una lectura en el pleno, en la sesión a la cual fueron convocados de emergencia los diputados para analizar la disposición.

El Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, consideró que después de los tres días que establece la ley, el decreto queda sin efecto, ya que el Congreso no lo aprobó ni modificó.

Roberto Villeda, presidente del Cedecon, aseguró que al no haberse seguido el procedimiento legal, todo lo actuado después de dicho período es ilegal. El diputado unionista Héctor Cifuentes dijo que no se puede citar al pleno sólo para leerle un decreto sin que dé su voto al respecto.

“No hay estado de Sitio porque el Congreso no lo ratificó”, dijo Leonel López, del Partido de Avanzada Nacional, PAN.

Pese a los argumentos legales, los oficialistas afirmaron que el procedimiento fue cumplido, “porque leerlo, es conocerlo por el pleno”. “Si fuera ilegal, no lo haríamos. Por ello, el estado de Sitio está, ya que lo conoció el Congreso”, aseveró su presidente, Efraín Ríos Montt.

Levantan medida

Mientras en Totonicapán se vivía una tensa calma, el presidente, Alfonso Portillo, levantó el estado de Sitio el domingo 5 de agosto de 2001.

A las 14 horas, el mandatario, en consejo de ministros, eliminó dicha medida, “por considerar que las condiciones son adecuadas para levantarla”, explicó Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia.  

En Totonicapán, y luego de la salida del Ejército, se vivió un clima de tensa calma, aunque circularon rumores de posibles protestas. Se dijo que representantes de los 48 cantones del municipio llegarían a la plaza central a protestar. Al final del día, todo quedó en especulación, y no se registró ningún incidente.