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Incrementan jubilación con dinero del trabajador

Luego de conocerse que el Congreso de la República decretó un aumento de Q.500.00 para todos los jubilados del Estado la noticia cayó como un balde de agua fría a los trabajadores activos.

El 28 de agosto de 1952 fue publicado el acuerdo en el cual a todos los trabajadores activos del Estado se les descontaría el dos por ciento de su salario para atender la gran cantidad de jubilaciones que estaban pendientes de pago.

Uno de los afectados fue el Sr. Héctor Ruiz Molina, ex empleado público, quien visitó Prensa Libre para exponer la penosa  situación por la que atravesaban todos los jubilados, pues aun no habían podido cobrar el pago respectivo al cual tenia derecho según indicó.

El Sr. Ruiz continuó diciendo: “Es lamentable que muchísimos jubilados  que no necesitan esta ayuda  sean los causantes  indirectos  de que nosotros, los verdaderos necesitados, estemos pasando  cuantiosas penalidades”. Y terminó diciendo que “espera del honorable congreso sus buenos oficios  en favor de los pobres”.

Proyecto de reforma

El 8 de abril de 1970 los señores  Carlos Herrera Bedoya y Manuela  Monzón Vda. de  Mendoza  presentaron un memorial  al Congreso sobre las Clases Pasivas del Estado el cual fue recibido por los diputados del departamento de  Baja Verapaz  licenciado  Evaristo  Estrada Dubón  y el profesor Francisco Gularte  Cojulún.

El documento pedía un reajuste a las asignaciones y a la vez un aumento, aunque fuera pequeño en forma proporcional  y en escala.

Se indicaba además, que dentro de la nueva ley de jubilaciones y montepíos  que reformaría la antigua ley de clases pasivas  se eliminaría un artículo el cual se refería  a que la misma no tendría efecto retroactivo, pues con ello se vedaba a los antiguos servidores  del estado para ese entonces jubilados.

El monto  de las pensiones para los jubilados sería de Q.300.00 según el dictamen  de la comisión  de hacienda  que presidía el diputado Manuel  Francisco  Villamar Contreras quien realizó el dictamen correspondiente.

Contribuciones

El financiamiento  del régimen de clases pasivas  sería cubierto  con el aporte  anual del estado y con el producto de la contribución  de los funcionarios y los empleados  de los organismos  legislativo y judicial  incluyendo a los diputados, y consejeros de estado  y demás funcionarios  de elección popular  o electos por el congreso  de la república.

La contribución seria del 4% para quienes devengaban  Q.50.00, del 5,6,7 y 8 %, para todos los que devengaban Q.100.00, Q.200.00, Q.300.00 y  Q.400.00 respectivamente, y del 9% para quienes devengaran  de  Q.401.00 en adelante.

Montos

El monto de las pensiones  sería del 30% para los primeros diez años de servicio con un incremento en forma progresiva  hasta el 80% para quienes hubiesen trabajado 35 años o más.

Las pensiones por jubilación  y por invalidez, especificaba la ley  no podrían ser menos  de Q.30.00 ni mayor de Q.300.00 al mes.

Entes responsables

La Contraloría General  de la Nación era la encargada  del tramite de los expedientes  relativos a obtener  las  pensiones, jubilaciones o montepíos, así  como de formular  la liquidación correspondiente , según el proyecto.

El Ministerio Público el responsable de iniciar los expedientes  de pensión a favor de menores o bien de personas con alguna discapacidad y que no tuviesen representación legal alguna, según la propuesta.

Otros solicitudes de aumento

Representantes de los jubilados  de la República de Guatemala  enviaron  el  26 de noviembre  de 1989  un telegrama al presidente  Lic. Marco Vinicio Cerezo, y  le solicitaron  la sanción y la publicación  del decreto  62-89, el cual garantizaba la revisión periódica  de las pensiones  destinadas a las clases pasivas  civiles del estado.

El decreto en mención había sido aprobado una semana antes  con el respaldo  de la Comisión  de Reformas Sociales  del Congreso, en donde se establecía que  cada vez  que los empleados  activos del Estado  obtuvieran mejoras salariales , era preciso revisar  la asignación  destinada a los jubilados  para que se les otorgara un incremento  de acuerdo con las posibilidades del  Gobierno.

Ley engavetada

El 28 de enero de 2014 el Presidente del Congreso de la República, Aristides Crespo, recibió el proyecto de ley  de Clases Pasivas  del Estado el cual fue entregado por el diputado Oliverio Garcia Rodas en septiembre de 2005.

En una de sus consideraciones la ley  especificaba que es deber del Estado  y conforme a sus  posibilidades  proceder  a revisar periódicamente  las cuantías  asignadas a jubilaciones , pensiones y montepíos, por lo que en basa a tales principio  es necesario  que la Ley  de Clases pasivas  del estado  contenga normas  actualizadas  para mejorar el nivel  de vida  de las personas  sujetas al Régimen  de Clases Pasivas del estado.

A la fecha aún se espera la aprobación de dicha Ley.

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