La manifestación dio inicio en El Trébol, zona 8, de donde salieron en varias filas con pancartas y letreros alusivos a su manifestación y que identificaban a las diferentes asociaciones y sindicatos que los apoyaron en su petición.

La marcha se desarrolló en orden, y varias radiopatrullas de la entonces Policía Nacional encabezaron a los manifestantes para abrirles paso por las diferentes arterias.

El grupo indígena, recorrió la Avenida Bolívar, bajó en la 18 calle, hasta llegar a la 6a. avenida, de donde continuó hasta llegar a la Plaza Central, en donde se realizó el mitin de protesta.

Disolver las PAC

Varios de los dirigentes exigieron al Gobierno Central que apoyara sus deseos de disolver en definitiva las PAC que, según dijeron, ha sido una carga para ellos, porque han tenido durante años que patrullar de día y de noche sin recibir pago alguno por su trabajo.

Esta situación, dijeron, ha provocado que la carga del trabajo de patrullar les impida cumplir con sus labores diarias de cultivo, por lo que ha mermado su capacidad económica para subsistir, así como el irrespeto a la cultura de las etnias.
Obligados a patrullar
Los manifestantes presentaron poco después, un memorial en el cual denuncian que son obligados a patrullar y efectuar tareas que son propias del Ejército.

Las PAC o Patrulleros de Autodefensa Civil fueron grupos creados durante el conflicto armado interno de Guatemala, mediante Acuerdo Gubernativo 222-83 -legalizados en 1983 aunque creados entre 1981 y 1982, para involucrar a civiles a prestar servicio militar, autorizados y coordinados por el Ejército.

En teoría, las PAC servirían para proteger a las comunidades de la guerrilla.

Instrumento

Las PAC fueron grupos creados por el Ejército como un instrumento dentro del esfuerzo general de contrainsurgencia emprendido en septiembre de 1981. Su función consistió en hacer de las comunidades entes activos en la ofensiva antiguerrillera. Era una manera impuesta de involucrar a la población civil en el desarraigo de la insurgencia.
Estos grupos de apoyo militar fueron creados durante la gestión de Romeo Lucas García, en 1981.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe denominado Reclutamiento Forzoso para las Patrullas de Autodefensa Civil indica que “las primeras PAC se institucionalizaron en el Departamento de Quiché, en el año de 1982. Le siguieron los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Alta Verapaz, Petén, San Marcos y Suchitepéquez”.

Abusos

Durante su existencia las patrullas fueron responsables de miles de abusos. El informe del Procurador de los Derechos Humanos en 1994 hizo referencia al estudio hecho por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- sobre el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica -REHMI-, en el cual se estableció que estuvieron implicadas en 1731 casos de abusos contra los derechos humanos, incluyéndolos en la participación de 342.

Posteriormente con la Firma de la Paz, se puso fin a los 36 años del conflicto armado, dando como resultado la desmovilización y desarme de estos grupos, por medio del Decreto 143-96 del Congreso de la República.
En ningún Acuerdo de Paz ni en el propio Decreto 143-96 se establece alguna forma de retribución o compensación por los servicios realizados por los expatrulleros.

Resarcimiento

Al llegar al gobierno de Guatemala Alfonso Portillo, se ve obligado a promulgar el Acuerdo Gubernativo 228-03 que posteriormente fue modificado por el Acuerdo Gubernativo 566-03, los cuales acuerdan un pago a los expatrulleros, por los servicios prestados, acuerdos que fueron declarados inconstitucionales.

El decreto citado no fue del agrado de varios sectores de la población y fue impugnado de inconstitucionalidad siendo abrogado, pero en el mismo sentido nuevamente el Congreso de la República, publicó el 11 de noviembre de 2004 el Decreto 28-04 del Congreso de la República, en el que se reguló otorgar un beneficio pecuniario como aporte de capital por parte del Estado de Guatemala para cada uno de los miembros de las PAC. Este también fue declarado inconstitucional.

En el 2005, el entonces presidente Óscar Berger creó el fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia, destinado a compensar a 544 mil 620 exintegrantes de las PAC con Q5 mil 240 quetzales a cada uno, quienes se comprometieron a sembrar 60 millones de árboles en tres años, lo que representaría para el Estado erogar Q2.3 millones en ese lapso. El proyecto se llevó a cabo aunque muchos patrulleros se quejaron de que no se hicieron efectivos algunos de los pagos.
*Fuentes: Hemeroteca PL e internet

Expatrulleros civiles protestan en 2013 por impago de resarcimiento. (Video: tomado de Youtube)