El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía contra “el Gil” y, con base en el resto de evidencias, consideró que no había elementos para condenarlo.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, considera que aunque la sentencia puede ser revisada por instancias superiores, significa “un precedente muy grave“.

“Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada”, dijo Encinas.

“Viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”, agregó.

“Existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”, apuntó.

El subsecretario hizo un recuento de los detenidos por el caso: 142 personas “particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como policías municipales de Iguala y de Cocula”.

Y dijo que a la fecha han sido liberados 53. Muchos de ellos por irregularidades en la investigación, en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales y tortura.

La verdad histórica

Encinas también criticó la conocida como “verdad histórica”, la versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según esa versión, los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de Cocula.

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, aseguró Encinas.

El funcionario añadió que por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se iniciará una investigación para deslindar las responsabilidades de autoridades “donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”.

No descartó que se investiguen a Tomás Zerón, que estuvo a cargo de la investigación y a Jesús Murillo Karam, quien era procurador general de la República y defensor de “la verdad histórica”.

“La verdad histórica se cayó”

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.

Este grupo concluyó que “no existe ninguna evidencia” para la “verdad histórica” ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.

Las familias de los desaparecidos y defensores de los derechos humanos han pedido desde entonces que se continúe con otras líneas de investigación.

Y el gobierno de AMLO, en el poder desde el 1 de diciembre de 2018, reabrió el caso y puso en marcha una comisión especial.

Luis Tapia, coordinador del área jurídica del centro Prodh, que representa a los familiares de los desaparecidos, cree que “la ‘verdad histórica‘ ya se cayó”.

Tapia le dijo a BBC Mundo que de hecho ya fueron liberados desde el año pasado los principales detenidos por la supuesta quema de los estudiantes, Agustín García “El Chereje” y Felipe Rodríguez “El Cepillo”.

“Ahora preocupa que otros pudieran tener información relevante sobre los estudiantes por su participación en estos primeros momentos de privación ilegal de la libertad también sean liberados y uno de ellos es ‘el Gil'”, afirma.

Tapia cree que “el Gil“ podría estar vinculado o tener información relevante sobre el paradero de los estudiantes.

“‘El Gil’ era una de los líderes de Guerreros Unidos y también, según unas llamadas que interceptó la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), se le menciona como una personas involucradas en el trasiego de droga entre Iguala y Chicago”.

Una línea de investigación que mencionó el GIEI decía que el móvil de la agresión contra los estudiantes podía ser que éstos por error habían tomado un autobús con un cargamento de droga.

A unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los estudiantes no se ha resuelto la pregunta más importante: “¿Dónde están?”.