Los médicos de la red pública de salud se resisten a cumplir un decreto que eleva de 6 a 8 horas su jornada laboral, que entrará en vigor el martes próximo. El personal paramédico, también afectado por la medida, expresó este lunes su rechazo a la medida gubernamental manifestando en el centro de La Paz.
La huelga médica “es criminal porque va en contra de los pacientes, de los enfermos terminales”, cuestionó el ministro Santalla, que amenazó con despedir a los médicos que se ausenten más de seis días de sus puestos de trabajo, de acuerdo a lo que marca la ley laboral.
Pese a esa advertencia, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, ratificó “la huelga general indefinida a partir del día de mañana (martes) desde las cero hora”.
Barrios anunció que el sector no negociará nuevamente con las autoridades de Salud y manifestó que de ahora en adelante únicamente aceptarán reunirse con el presidente Morales en pos de una solución al conflicto.
En otra arista de la turbulencia social, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó para el miércoles una huelga de 24 horas en demanda de un salario mínimo mensual de ocho mil bolivianos (mil 150 dólares), ajuste que multiplica por diez el índice actual de 813 bolivianos.
La dirección de la COB abandonó abruptamente este lunes una reunión en el Ministerio de Trabajo convocada por el gobierno, en la que participaban también delegados de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), en un intento por acercar posiciones con relación a un ajuste salarial en 2012.
“No vamos a discutir los términos del aumento salarial con quienes siempre han sido nuestros enemigos” (los empresarios), dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, al abandonar la reunión desconcertado por la presencia de los empresarios en el ministerio de Trabajo.
Santalla dijo que la huelga de la COB es ilegal y anunció sanciones para quienes se adhieran a la medida.
“Si quieren penalizar, que alisten carceletas a nivel nacional, no vamos a claudicar y, al contrario, llamamos a la unidad de los trabajadores del país para resistir esta vulneración a los derechos de los trabajadores”, replicó Trujillo.
La situación social podría ponerse al rojo vivo si además los choferes de autobuses deciden unilateralmente el martes en una reunión del sector aumentar las tarifas del transporte público.
“Cada año hay aumento de salarios para el sector laboral y jamás se ha tomado en cuenta al sector de transporte”, se quejó Sixto Sandi, secretario de conflictos de la Confederación de Choferes de Bolivia.
Ante la posibilidad de ajuste tarifario, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe, anunció que los vecinos “estamos organizados para, en cualquier momento, rechazar el aumento que (los choferes) quieren aprobar”.
Frente a este panorama, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, advirtió que “hay un límite (en las protestas) y nuestra misión es que las carreteras estén con flujo normal y las actividades (laborales) sean normales”.
