Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, enfrentará ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) cargos derivados de una acusación formal en su contra. Si es hallado culpable, las penas podrían ser extremadamente severas, incluidas largas condenas de prisión o incluso la posibilidad de cadena perpetua conforme a las leyes federales de Estados Unidos.

Maduro fue acusado originalmente en el 2020 por un gran jurado federal de varios delitos, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos, y conspiración por tenencia de dichos artefactos, todos vinculados a una supuesta asociación criminal conocida como el “Cartel de los Soles”.

La acusación sustitutiva presentada recientemente en el SDNY mantiene estos cargos y amplía algunos aspectos de las actividades ilícitas atribuídas a Maduro y otros coimputados, según el Departamento de Justicia de los EE. UU.

Además de Maduro, la acusación sustitutiva incluye como nuevos coimputados a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos, señalados como parte del entramado que habría facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ambos deberán comparecer ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y, de ser hallados culpables, también enfrentarían penas que podrían incluir prisión prolongada o perpetua, dependiendo del grado de participación probado en los delitos imputados.

Cargos que podrían influir en las penas

Narcoterrorismo:

Estados Unidos considera este cargo especialmente grave, ya que combina delitos de narcotráfico con actos destinados a influir o intimidar a una población o gobierno mediante violencia o terror. Aunque en la acusación no se especifican penas concretas, en casos federales similares en EE. UU. los cargos de narcoterrorismo pueden acarrear penas muy largas y, en función de las circunstancias, la prisión perpetua.

Conspiración para importar cocaína:

Este tipo de delitos, si se demuestra su gravedad y alcance —como exhibe la acusación contra Maduro— con frecuencia conlleva décadas de prisión. Según reportes periodísticos que analizan el caso, tanto él como otros acusados podrían enfrentar entre 20 años de prisión o cadena perpetua, dependiendo de la severidad de los hechos probados y la decisión del juez.

Delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos:

Los cargos por posesión y conspiración para poseer armas automáticas también son severos en la justicia federal estadounidense y suelen sumar años adicionales a una condena global si se combinan con narcotráfico.

Contexto legal en EE. UU.

En casos federales de narcotráfico de gran escala con cargos adicionales —como conspiración con grupos terroristas o posesión de armas— los jueces pueden imponer múltiples condenas consecutivas que, en la práctica, equivalen a decenas de años o cadena perpetua, especialmente cuando las pruebas muestran que las acciones causaron daño sustancial a la sociedad estadounidense o involucraron violencia organizada.

Implicaciones de una condena

Si un juez federal determina la culpabilidad de Maduro, el impacto personal y político sería histórico: la justicia estadounidense dispone de un marco de sentencias que permite penas muy extensas en casos de narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas. Estas condenas no solo implican tiempo prolongado en prisión, sino también fuertes multas y decomiso de activos, según el código penal federal de EE. UU. Además, la existencia de coimputados y la gravedad de las acusaciones —junto con la magnitud del tráfico de cocaína descrito en la acusación— son factores que un juez suele considerar para dictar penas máximas permitidas por la ley.

Aunque los cargos que enfrenta Nicolás Maduro contemplan penas que pueden alcanzar la cadena perpetua, el antecedente del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —quien fue indultado en 2025 por Donald Trump tras haber sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico— genera dudas sobre el desenlace del proceso. La posibilidad de un perdón presidencial, aunque excepcional, existe dentro del sistema legal estadounidense, incluso en casos de alto perfil.

Con información de EFE