La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus redadas itinerantes contra la inmigración irregular en el sur de California, unas operaciones muy criticadas por la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la Policía de Inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de una serie de cuatro factores.

Estos factores eran: su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de autos, explotación agrícola o ferretería—; el tipo de actividad realizada; el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

La intensificación de las redadas en este tipo de lugares, donde trabajan personas latinoamericanas, genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional, ordenado por Trump.

—La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos—, reaccionó el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que la decisión representa un “ataque” contra las libertades civiles.
—El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, la Corte ha socavado los derechos de millones de personas—, comentó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anticipó que continuará la batalla legal para intentar detener lo que considera redadas inconstitucionales.

Discrepancias

Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo “una sospecha razonable”.

Pero seis jueces de la Corte Suprema levantaron el lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres magistrados progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que la propia Corte intervenga.

El tribunal no ofreció los fundamentos de su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, destacó en una opinión adjunta que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, donde se estima que el 10% de la población está en situación irregular.

La jueza Sonia Sotomayor, primera magistrada latina de la Corte Suprema, expresó su desacuerdo:
—No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios—, escribió.

La inmigración, incluso la indocumentada, aporta mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42% de los trabajadores agrícolas no tiene autorización para laborar en EE. UU., según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.

El gobierno de Trump alega que el coste para las finanzas públicas y el impacto en la seguridad nacional de las personas en situación irregular es demasiado elevado.

Operativo en Chicago

La política contra la inmigración irregular es uno de los ejes del segundo mandato de Trump, quien la vincula estrechamente a la lucha contra el crimen.

La ICE anunció el lunes una operación en Illinois. La capital del estado, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024. Desde hace trece años es la ciudad con más homicidios en cifras absolutas en Estados Unidos, aunque su tasa por cada 100,000 habitantes no es la más elevada del país.

—Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador [demócrata J. B.] Pritzker y su política de santuario los protegerían—, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump amenazó además a Chicago y otras ciudades con enviar a la Guardia Nacional para controlar el crimen, como ya lo hizo en Los Ángeles o Washington, una perspectiva que solivianta a Pritzker.

—Vamos a limpiar nuestras ciudades (...) para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra. Es sentido común—, replicó Trump a una periodista en la Casa Blanca.