Los ingredientes del “caso Gürtel” son de sobra conocidos por los españoles: “sobornos”, “falsas facturas”, “caja negra”, “cuentas en Suiza” … También muchos de los juzgados, entre ellos dos antiguos tesoreros del Partido Popular (PP).
La formación presidida desde el 2004 por Rajoy no está encausada por la comisión de delitos (la financiación ilegal de partidos se incluyó como delito en 2015) pero podría tener una responsabilidad civil al lucrarse de los fondos obtenidos ilegalmente por sus alcaldes.
En la entrada del tribunal, quien despertaba más atención era Luis Bárcenas, tesorero del PP desde 1988 hasta su dimisión en 2009, acusado entre otros de haber escondido decenas de millones de euros en el extranjero.
Bárcenas puso en jaque a Rajoy en 2013 tras filtrarse a la prensa unos documentos suyos que presuntamente demostraban el pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del partido -entre ellos el mismo jefe de gobierno- , hechos investigados en otra causa.
Sobornos para conseguir adjudicaciones
El principal acusado es el empresario Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama que dio nombre al caso (“Gürtel” es “Correa” en alemán).
Este empresario, a quién le gustaba apodarse “don Vito” como el mafioso de la película El padrino, anunció antes del proceso que lo contaría “todo”.
Se le acusa de sobornar a ediles del PP entre 1999 y 2005 para hacerse con obras púbicas y la organización de grandes eventos como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a precios “muy superiores” a los del mercado.
En el 2015, en una confesión publicada por el periódico eldiario.es, Correa explicó el funcionamiento: los empresarios le pagaban comisiones del 2% o el 3% del monto total de la adjudicación y él, tras apartar su parte, las entregaba “en efectivo” a Bárcenas.
37 políticos están implicados en casos de corrupción.
La red operaba en las regiones de Valencia, Castilla y León, Madrid y la turística localidad andaluza de Estepona.
El empresario, con un boyante estilo de vida, era próximo al ex jefe de gobierno conservador (1996-2004) José María Aznar e incluso fue testigo en la boda de su hija en 2002.
En camisa verde de manga corta, apareció otro de los protagonistas: el exedil del pueblo madrileño de Majadahonda José Luis Peñas. Durante dos años registró conversaciones en secreto con Correa y otros acusados.
Esta revelación, clave para destapar la trama, le servirá como atenuante, aunque podría ser condenado a más de seis años de prisión por percibir estos fondos.
Parálisis política
La exministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato, dimitida en 2014 por el escándalo, también será juzgada como “partícipe a título lucrativo” por los delitos cometidos por su exmarido, Jesús Sepúlveda.
Su ex-esposo se enfrenta a cargos de desvío de fondos públicos y tráfico de influencias como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La trama habría obsequiado a la familia con un Jaguar, viajes a Eurodisney o fiestas de cumpleaños según la prensa.
Y mientras, en una sala contigua ocupada por otro juicio, declaraba el martes otro antiguo pilar del PP: Rodrigo Rato, exministro de Economía y exdirector general del Fondo Monetario Internacional, juzgado por presunta malversación de fondos públicos entre 2010 y 2012 y quien negó los cargos en su contra.
3% sobre el monto real pagaban las empresas a los implicados por millonarios adjudicaciones.
Esta acumulación de escándalos son uno de los obstáculos de Rajoy para encontrar aliados de gobierno tras haber perdido la mayoría absoluta en diciembre de 2015.
Desde entonces, el país no dispone de ejecutivo electo aunque Rajoy espera aprovechar la profunda división del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para formar un gobierno en minoría.
Niega acusaciones
Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI, juzgado en España por desvío de fondos en su época de banquero (2010-2012), afirmó este martes que el sistema de tarjetas opacas que dirigió era “perfectamente legal”.
El que fuera ministro de Economía del gobierno español durante ocho años está siendo juzgado junto a otros 64 ex directivos de Caja Madrid y Bankia, acusados de sufragar cuantiosos gastos personales con tarjetas “black”, sin justificar ni declarar nada de esto a la administración fiscal.
