“Demasiados estadounidenses ven cómo sus sueños quedan limitados por su lugar de origen, y un código postal nunca debería determinar el futuro de un niño”, dijo el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, en un comunicado.
“Este importante paso dará a los prestamistas locales las herramientas que necesitan para proporcionar a todos los estadounidenses acceso a viviendas seguras y asequibles en comunidades ricas en oportunidades”, agregó.
Castro presentó hoy en Chicago, llinois, la nueva norma, que consideró “histórica” por ser el esfuerzo más “serio” en el Departamento de Vivienda contra la segregación racial en ese área desde la Ley de Fomento de la Vivienda Justa, aprobada en 1968.
Esa ley, que prohibió la discriminación racial en el acceso a la vivienda, exigía además al Gobierno federal que hiciera esfuerzos para desmantelar la segregación en los barrios del país y fomentara en su lugar la integración, pero ese requisito apenas se ha aplicado en las últimas décadas.
La norma publicada hoy busca aplicar por completo la ley y contribuir a la diversificación de la población en los barrios más acomodados y la reactivación de los más deprimidos, que acogen de forma desproporcionada a la población negra e hispana.
Nuevas reglas
Las nuevas normas exigen que las ciudades y pueblos que reciban fondos federales hagan un escrutinio de las políticas de vivienda en su territorio y publiquen un informe periódico de resultados.
Además, las ciudades deberán elaborar planes para seguir reduciendo la segregación racial, con objetivos concretos a los que se pueda dar seguimiento a lo largo del tiempo.
El Departamento de Vivienda mantiene abierta la posibilidad de retener parte de los fondos que concede a las ciudades en caso de comprobar que han violado estas reglas federales.
Para facilitar el proceso, el Departamento de Vivienda proporcionará a las autoridades locales una base de datos geográficos y demográficos sobre todas las comunidades del país, con la esperanza de que eso ayude a identificar los puntos donde se concentran la pobreza y la segregación racial y elaborar planes.
Las medidas han sido bienvenidas por grupos de defensa de los derechos civiles y organizaciones de acceso a la vivienda, como la Alianza Nacional para una Vivienda Justa (NFHA, en inglés).
“Esta regla ayudará a las comunidades a hacer un uso estratégico de sus recursos para ampliar las oportunidades de vivienda para personas con discapacidad, familias con niños u otros grupos con pocos servicios”, indicó la NFHA en un comunicado.
Crítica
En cambio, organizaciones conservadoras como la Fundación Heritage y Estadounidenses para un Gobierno Limitado criticaron la regla al considerarla un intento de “ingeniería social” para cambiar la composición de los barrios predominantemente blancos.
“Los burócratas podrán decidir por su cuenta si tu pueblo reúne sus ideales de distribución racial y de la renta, y si no cumples su ideal de esa mezcla, no vas a recibir dinero”, dijo un miembro de la Fundación Heritage, Hans von Sankovsky, al diario Los Angeles Times.
Las nuevas normas llegan apenas dos semanas después de que el Tribunal Supremo recordara, en un fallo en contra del Departamento de Vivienda y Asuntos de la Comunidad del estado de Texas, que no se puede discriminar a nadie en el acceso a la vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo u origen.
