“El caso del Seguro Social es la coyuntura que ha hartado al pueblo hondureño y que se hayan utilizado fondos salidos del seguro social para financiar campañas políticas es el detonante de este movimiento” dijo este lunes Gabriela Blen, una de las activistas que convoca a las marchas, de las que participan miembros de los partidos de oposición y ciudadanos independientes.

• Los activistas se convocan a través de Twitter con los hashtags (hashueraJOH (hash) RenunciaJOH (en referencia al presidente Juan Orlando Hernández) y (hash) ceroimpunidadIHSS (en referencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social).

La primera protesta fue pocos días atrás en Tegucigalpa, donde dos docenas de jóvenes recordaron con una vigilia de antorchas a los muertos por la falta de fondos del Instituto, que se encuentra en una situación complicada debido a la falta de insumos y fondos.

Desde entonces, y de manera inesperada, el movimiento fue creciendo hasta convocar el último viernes en la capital hondureña a miles de personas. El éxito de la marcha capitalina detonó réplicas durante todo el fin de semana en San Pedro Sula, Siguatepeque, Choluteca y Comayagua.

Blen explicó que si bien no existe un vínculo directo con los activistas que convocan las marchas en Guatemala hay “sí, claro, una inspiración”.

Corrupción

Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, director del Instituto de Seguridad Social durante el mandato del presidente Porfirio Lobo, 2010-2014, habría gastado de manera fraudulenta al menos US$120 millones provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pago de pensiones de vejez e invalidez.

Parte de ese dinero terminó en las arcas del partido de gobierno. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, afirmó que tres testigos protegidos que han ofrecido información respaldada e investigada por la institución señalan al Partido Nacional.

En tanto, el presidente de una comisión del Congreso Nacional para investigar la cuestión, Mario Pérez, también confirmó la información.

El jefe de la bancada nacionalista en el Congreso óscar lvarez dijo que si recibieron cheques de las empresas vinculadas al Seguro Social “fue de buena fe” y el presidente Hernández sostuvo que “el Partido Nacional lleva su contabilidad en base a cheques que cada uno de los miembros del partido ha aportado” y que cada miembro y no el partido es responsable de ese dinero.

Zelaya, detenido tras una espectacular fuga que lo llevó por varios países, no es el único ex alto funcionario implicado en la red. Toda la junta directiva del Seguro Social, formada por 18 personas entre las que se encuentran exministros y diputados, está bajo investigación.

Los funcionarios fueron nombrados por el gobierno de Lobo y todos eran miembros del Partido Nacional o cercanos a él. Por el caso también fueron detenidos Javier Pastor, ex viceministro de Salud, y Carlos Montes, ex viceministro de Trabajo.

El sistema se basaba en la sobrevaloración de más del 100% de los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña a empresarios locales, que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios.

Para Blen, las protestas se centran en la figura del presidente Hernández por su cuestionada remoción de miembros de la Corte Suprema y una serie de movimientos en el Poder Judicial que impulsó pocos meses antes de ser electo en 2013, siendo aún presidente del Congreso, junto a la reciente despenalización de la reelección presidencial y la militarización de la seguridad.

“Nuestra próxima marcha, el viernes, saldrá del Hospital Escuela de Tegucigalpa y caminaremos hasta las Naciones Unidas” donde exigirán “la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la existente en Guatemala”, agregó en referencia a una institución creada en el país vecino con el objetivo de que la comunidad internacional reforzase la capacidad de las autoridades locales de luchar contra la impunidad.

El índice de impunidad en Honduras, según datos del Ministerio Público, supera el 90% de los delitos cometidos.

Fiscal sale del país

El fiscal hondureño Roberto Ramírez Aldana viajó a París, Francia, como embajador ante el Fondo de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) luego de recibir amenazas de muerte por investigar un escándalo de corrupción en el Seguro Social, en los cuales aparece implicado el partido de gobierno, informaron este lunes fuentes oficiales
 
El canciller Arturo Corrales explicó a medios locales que Ramírez Aldana viajó a París bajo una  nueva ley que contempla la posibilidad de enviar al exterior a funcionarios de la justicia, activistas o periodistas que enfrentan riesgos.
 
Ramírez Aldana partió el domingo con su familia en un vuelo comercial a París, sede de la Unesco.
 
El Congreso hondureño aprobó en abril pasado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. En los últimos doce años fueron asesinados 55 periodistas y comunicadores y más de 90 abogados, incluyendo fiscales y exfiscales, desde 2010.
 
El exfiscal investigaba el desvío del equivalente a unos US$300 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 
El Congreso nombró una comisión de diputados para investigar ese caso de corrupción y si US$90 millones de esos recursos fueron utilizados en la campaña anterior del derechista Partido Nacional, que llevó al poder al actual presidente Juan Orlando Hernández.
 
Las denuncias del desvío han provocado una serie de manifestaciones contra el gobierno en diferentes ciudades del país.