Durante su campaña presidencial, Trump prometió expulsar de Estados Unidos a millones de migrantes en situación irregular. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero ha tomado diversas medidas para acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.
Pero muchos tribunales bloquearon algunas de sus medidas ante la posibilidad de que quebranten los derechos de los migrantes al debido proceso.
El juez de distrito Randolph Moss acusa a Trump de extralimitarse en la proclamación que prohíbe las solicitudes de asilo y considera que viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Las solicitudes de asilo se rigen por esta normativa y el presidente no puede “adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya las leyes promulgadas por el Congreso”, añadió en un caso presentado por grupos de derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.
En su dictamen el tribunal reconoció “que el poder ejecutivo se enfrenta a enormes desafíos para prevenir y disuadir la entrada ilegal a Estados Unidos y para resolver la abrumadora acumulación de solicitudes de asilo”.
Pero la ley de inmigración “establece la única y exclusiva manera de expulsar a las personas que ya se encuentran en el país“, declaró el magistrado designado por el expresidente demócrata Barack Obama.
Moss suspendió su fallo durante 14 días para que la administración de Trump tenga tiempo para apelar.
