La resolución afecta a una docena de imputados, entre ellos el exmandatario de 85 años y Juan José Galeano, el primer juez que investigó el atentado y quien fue destituido a raíz de su desempeño luego de una década al frente de la causa.
La sede de ocho plantas en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue blanco de un ataque con bomba, que dejó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994.
Menem, Galeano y el exjefe de inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy, entre otros, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 6 de agosto, pocas semanas después de cumplirse el 21 aniversario del mayor atentado cometido en Argentina.
El juicio comprende el presunto pago a un vendedor de autos robados – detenido durante la investigación del atentado – para que inculpara a policías inocentes.
Además, se ventilará el presunto desvío de la investigación de la denominada “pista siria”, que ubicaba a Damasco detrás del ataque.
La justicia halló pruebas de que los servicios de inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad encubrieron y borraron pistas en favor de cómplices locales de los autores del atentado durante el gobierno de Menem.
El exmandatario, de origen sirio, ocupa actualmente una banca de senador, aliado del bloque oficialista, lo que no impedirá que deba rendir cuentas ante la justicia, pero sus fueros lo ampararían de ir a la cárcel o a prisión domiciliaria en el caso de que sea hallado culpable.
La eventual pena la debería cumplir en forma efectiva sólo si el Congreso le levanta el fuero. Su mandato en la Cámara alta vence en el 2017.
La justicia argentina acusa a Irán de haber sido autor intelectual del atentado e imputó a ocho iraníes, incluidos el exministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el exconsejero cultural iraní en Argentina Moshen Rabbani.
