El decreto oficializa la decisión presidencial para “restringir y diferir” la remoción de ministros o vicepresidentes del Ejecutivo, hasta que cese la declaratoria de un emergencia económica, que a comienzos de año fue aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rechazado por los diputados.

La medida busca garantizar la “continuidad de la ejecución de las medidas económicas” para cumplir las “necesidades de las venezolanas y venezolanos en el orden económico”.

Maduro pidió a la Procuraduría General, que representa jurídicamente al Estado, que examine su decisión y que presente un informe al respecto al TSJ.

El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, respondió a Maduro con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Maduro y su bufete de la 'sala inconstitucional' del TSJ violan flagrante e impunemente la Constitución. Maduro dice que puede modificar la Constitución por decreto”.

El decreto presidencial es un nuevo capítulo de la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha aumentado desde el 5 de enero cuando se instaló una mayoría opositora en la Asamblea.

El martes, la bancada opositora aprobó un acuerdo de exhortación a Maduro para que remueva a su ministro de Alimentación, quien fue objeto de un voto de censura de los diputados.

La moción instó a Maduro a cumplir con la Constitución y acatar la sanción aplicada contra el ministro, quien fue citado por la Asamblea la semana pasada por el desabastecimiento de alimentos, pero que rechazó asistir a la plenaria.

La semana pasada la Asamblea esperaba la comparecencia de Torres para pedirle explicaciones sobre el desabastecimiento de alimentos en el mercado local y el monto de las importaciones para compensar la escasez.

Los diputados aprobaron el voto de censura contra Torres luego de que éste se negara a atender la citación, lo que implicaría su remoción por el Ejecutivo. Poco después, Maduro dijo que su ministro permanecerá en el cargo.

Ramos explicó que la medida contra Torres es una sanción por sus responsabilidades.

“Vamos a realizarle al Ejecutivo y al ministro de Alimentación un enjuiciamiento político; el primero por hacer caso omiso a las decisiones autónomas de esta cámara, y el segundo, por no garantizarle el derecho a la alimentación al pueblo venezolano”, señaló.