Saridewi Djamani, singapurense de 45 años, fue ejecutada este viernes 28 de julio, tras ser condenada a la pena capital en julio de 2018, según confirmó en un comunicado la Oficina de Narcóticos de Singapur (CNB, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la oenegé Transformative Justice Collective (TJC), se trata de la primera mujer ejecutada en el país del Sudeste Asiático desde 2004 y la cuarta persona enviada al patíbulo en lo que va de año, en todos los casos por delitos de narcotráfico.
El subdirector en Asia de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Phil Robertson, denunció en un comunicado la “inhumanidad sin límites” de Singapur en aplicación de su “draconiana ley antidrogas”.
Robertson afirmó que desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de covid-19, “el gobierno y los tribunales se han movido como una máquina, cada vez más rápido, para recuperar el tiempo perdido, aparentemente decididos a vaciar el corredor de la muerte lo más rápido posible”.
“La ejecución de Saridewi Djamani, la primera mujer en décadas que va al patíbulo, muestra que nadie quedará a salvo del esfuerzo galopante para mostrar que el gobierno es duro contra las drogas”, añadió Robertson.
La pequeña nación, uno de los países con las leyes antidrogas más draconianas del mundo, ha impulsado las ejecuciones recientemente: el miércoles 26 un hombre de 56 años, también oriundo de la ciudad-Estado asiática, fue ahorcado por traficar con alrededor de 50 gramos de heroína, TJC informó el jueves 27 de otra ejecución programada para el 3 de agosto.
En total, la isla ha ejecutado a cuatro presos desde abril, según cálculos de las oenegé, y a 15 desde marzo de 2022.
La CNB añadió en el comunicado que la corte suprema de Singapur rechazó una apelación de los abogados de Saridewi el 6 de octubre del 2022 y que el proceso cumplió los requerimientos legales.
Según TFJ, era una de las dos mujeres que permanecían en el corredor de la muerte de Singapur y la primera en ser ejecutada desde la peluquera Yen May Woen en 2004, también por delitos de drogas.
La primera ejecución del año, en abril, despertó críticas especialmente por tratarse de un intento de tráfico de marihuana -cuyo consumo es legal en países vecino como Tailandia- y por las dudas acerca del proceso judicial, pues el ejecutado y su entorno afirmaban que éste nunca había visto ni tocado la droga.
La ONU pidió sin éxito a Singapur detenerla.
La próspera nación, con uno de los PIB per cápita más altos del planeta, contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína y emplea la horca como método de ejecución, en procedimientos altamente opacos.
Tras un parón de las ejecuciones durante dos años por la pandemia de covid-19, Singapur batió récords el año pasado ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual.
