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El más alto tribunal penal argentino remarcó que, según las pruebas reunidas en el caso, que sigue en la fase de instrucción, el homicidio resultó posible “a partir del despliegue de una correlativa logística” que debió contar con la “cohesión de diversas voluntades orientadas a la concreción con éxito del plan urdido”.
Tras conocerse el fallo, se han registrado varias reacciones tanto a favor como en contra.
“Con una semana tremendamente negativa para el Gobierno en materia de tarifas, leyes, marchas, vetos, recortes, etc… Hoy viernes la Cámara Federal saca una resolución incongruente para ocupar espacio en la tapa de los diarios con Nisman y apagar el incendio”, escribió en Twitter Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, actual senadora, quien insiste en que el Ejecutivo de Mauricio Macri impulsa una persecución judicial contra ella.
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Los magistrados de la Cámara Martín Irurzun y Leopoldo Brugli, que emitieron su resolución para resolver recursos presentados por imputados en la causa y por la madre de Nisman, Sara Garfunkel, avalan la investigación del juez de instrucción de la causa, Julián Ercolini.
Ercolini, con base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía, ya apuntó en noviembre pasado a la hipótesis del homicidio.
Para avanzar en las extrañas circunstancias de la muerte del fiscal, hallado con un balazo en la cabeza en el baño de su apartamento de Buenos Aires, el Ministerio Público encargó en 2017 a una junta de peritos hacer una reconstrucción de los hechos, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman.
Según la Cámara, las “evidencias físicas directas”, como la posición del cuerpo y la proyección hemática que presentaban ambas manos, así como los peritajes y los testimonios que se refieren a la actividad desarrollada por la víctima, conforman “el cuadro indiciario” que “habilita concluir” que Nisman “fue asesinado”.
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En el caso están solamente procesados los cuatro agentes de la Policía Federal encargados de la seguridad del fiscal, por incumplir su deber de protegerlo, y el asesor informático de Nisman, Diego Lagomarsino, acusado de ser “partícipe primario del homicidio”.
Este reconoció que prestó al fiscal el arma que lo mató porque el propio procurador se la pidió para proteger a sus hijas por miedo a que pudieran hacerles algo.
Hasta ahora, la Justicia no ha logrado determinar los autores del homicidio, por lo que la Cámara Federal encomendó avanzar en la instrucción “con miras a la completa y cabal determinación de los responsables”.
Al momento de morir, el procurador llevaba casi 20 años participando de la investigación del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994, sigue impune y que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo terrorista chií Hizbulá.
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En su acusación a Fernández, presentada solo cuatro días antes del deceso y que tenía previsto detallar en el Congreso en la siguiente jornada, Nisman aseguraba que, a cambio de mejorar la relación comercial con Irán, el Gobierno pretendió encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos de ese país, a través de un acuerdo bilateral firmado en 2013 que oficialmente era presentado como único medio de esclarecer el atentado.
Si bien la que fuera presidenta entre 2007 y 2015 no está imputada por la muerte del fiscal, sí que está procesada -al igual que su excanciller Héctor Timerman y otros colaboradores- por el presunto encubrimiento del atentado, y pesa sobre ella una orden de detención que no se ha hecho efectiva por tener fueros parlamentarios.
La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) siempre ha rechazado las acusaciones, tanto de sus varios procesamientos por presunta corrupción como del resto.
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