El expresidente estadounidense, de 77 años, se sometió a un interrogatorio de más de cuatro horas tras jurar decir toda la verdad, en una sala de audiencia abarrotada del Palacio de Justicia de Manhattan.
Acusado de haber inflado colosalmente el valor de sus activos inmobiliarios (como la Trump Tower de Nueva York) para seducir a los bancos, el tempestuoso multimillonario negó cualquier fraude y arremetió contra la fiscal general de Nueva York, el equivalente de ministra de Justicia, Letitia James, la demócrata que ha sentado a la empresa familiar Trump Organization en el banquillo, y el juez instructor Arthur Engoron.
“Es una caza de brujas política”, bramó el magnate republicano, que se siente víctima de una supuesta maquinación judicial, digna de un “país del tercer mundo y de repúblicas bananeras”.
A lo largo del interrogatorio, el juez Engoron, sentado al lado de Trump, trató de que el magnate fuera breve y respondiera a las preguntas.
“No estamos en una manifestación política”, advirtió el juez, que ya ha impuesto sendas multas a Donald Trump, de 5 mil y 10 mil dólares, por atacar a la secretaria judicial.
La fiscalía neoyorquina acusó por lo civil a Trump y a dos de sus hijos, Ronald Jr y Eric, de haber sobrevalorado los activos de la Trump Organization, -un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos, hoteles, residencias de lujo y campos de golf en todo el mundo, – para obtener mejores préstamos bancarios y condiciones de seguro más favorables.
En la solemne sala del tribunal de Manhattan, Donald Trump, con traje azul marino y camisa y corbata a juego, se mostró virulento, pero también discutió, cruzado de brazos.
Voluble, discutió el valor de las joyas de su imperio, como su opulenta residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que los activos estaban, por el contrario, “infravalorados” y que los bancos habían hecho un buen negocio al prestarle “mucho dinero”.
“No hay víctimas, los bancos ganaron mucho dinero”, afirmó.
Marca Trump
Empresario de éxito antes de entrar en política y dar un vuelco a las instituciones estadounidenses, ensalzó el valor de la “marca Trump”.
“Me convertí en presidente (de Estados Unidos) gracias a mi marca”, dijo.
Es la primera vez en más de 100 años que un ex presidente es llamado a declarar en su propia defensa en un juicio, desde Theodore Roosevelt en la década de 1910.
A diferencia de los otros cuatro casos penales en los que ha sido acusado, Donald Trump no se enfrenta a una pena de cárcel en este juicio civil, pero su empresa puede estar en peligro.
Antes del inicio del juicio a principios de octubre, el juez consideró que la fiscalía general del Estado de Nueva York presentó “pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobreestimaron el valor de los activos” del grupo en “812 millones de dólares (a) 2.200 millones de dólares”, según el año, en los estados financieros anuales de la empresa.
Como consecuencia de los “repetidos fraudes”, ordenó la liquidación de las sociedades que gestionaban esos activos, como la Trump Tower de la Quinta Avenida de Nueva York y el rascacielos neogótico del número 40 de Wall Street.
Si se aplicara la decisión judicial, actualmente suspendida porque ha sido apelada, el multimillonario republicano perdería el control de parte de su imperio inmobiliario, tras haber entrado en política a lomos de su imagen de empresario de éxito.
Los hijos del multimillonario republicano, Donald Jr y Eric, ya habían declarado ante el juez la semana pasada en calidad de vicepresidentes de la empresa familiar. Su hija Ivanka ha sido citada a declarar el próximo miércoles.
Como el fraude ya ha quedado establecido, el juicio se centrará en la cuantía de la multa. La fiscalía pide 250 millones de dólares y la prohibición de que el multimillonario republicano y sus hijos dirijan empresas.
Este juicio es el primero de una serie de frentes judiciales que aguardan a Donald Trump y que jalonarán su campaña electoral en caso de que sea elegido por el Partido Republicano como candidato a la presidencia en los comicios de noviembre de 2024.
En marzo próximo se volverá a sentar en el banquillo en un tribunal federal de Washington para responder de sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
Sin embargo, los problemas judiciales no parecen haber hecho mella en su popularidad en las encuestas.
